Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías
Respetada Canciller Federal:
Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David
Spengler publicaría una carta abierta en The Asian Times dirigida a su
persona, en la que la pedía “que dejara caer a España”, y explicaba las
razones, que iban desde la incompetencia, el despilfarro y la
corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las
administraciones territoriales, donde nadie controla nada y nadie
responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los
recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz que
supera todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler, el
Gobierno miente en todo: sobre su situación económica, sobre la bancaria
y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya inasumibles y, en
consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aún reconociendo la veracidad de sus afirmaciones -que
tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad inaudita de las
cifras oficiales-, España no sólo es salvable es que ni siquiera
necesitaría la intervención, sólo necesita la supresión del sistema
autonómico, que representa un despilfarro anual de más de 120.000
millones de euros, equivalentes al 12% del PIB.
Sin
embargo, la oligarquía política se opone radicalmente a desmontar esta
gigantesca estructura que ha levantado en su exclusivo beneficio y
escapa a las manos de los españoles el poder de cambiar este expolio de
proporciones épicas.
A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos
5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el
Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque
jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50%
hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados. Y
tampoco pueden pagar los vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y
esperan que el Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total, no solo la computable, del 118 % del PIB
oficial, un déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones y unos
intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha
superado el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder más cualificada de Occidente tiene
el poder de acabar con una situación que supondrá la ruina, no solo de
España sino tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría
exigir, condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las
instituciones territoriales responsables de los dos tercios del gasto
público.
Es absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente, que la
UE y el FMI exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones,
sin antes acabar con el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el
IVA y recortar pensiones y mantener 30.000 coches oficiales o dos
millones de empleados públicos inútiles? ¿Cómo destruir la economía
productiva y de las familias y mantener intacta la improductiva? Y es
ahí Sra. Canciller, donde los españoles necesitamos desesperadamente su
ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en
primera persona, España ha estado gobernada durante más de siete años
por un presidente poco cualificado y ahora, a pesar de las ilusiones
populares puestas en el cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso
total. Ni tiene coraje, ni tiene un plan ni intención alguna de tenerlo,
toda su gestión ha resultado una auténtica tragedia.
Ambos,
junto con el aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente
como una oligarquía -España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más
por habitante que la UE- de intereses comunes y nunca como partidos
nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y
personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a
toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de
corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías
territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a la
realidad objetiva de España.
Estas autonomías, cuyas
competencias más que duplican a las de los Estados federales, son el
vehículo con el que la oligarquía política fue colocando a sus
familiares, amigos y correligionarios, creando para ello, el equivalente
a 17 miniestados con todos los órganos propios de una nación, desde
17 Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas en pérdidas), 23
Universidades sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300
pasajeros/mes, pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A
ello se unen 8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y
con niveles de despilfarro inauditos.
Sólo Madrid, la capital más endeudada de Europa, tiene 1.500 asesores
inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco veces más que los grandes
ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse
de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de
madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000
niños. Y ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público
Primero
colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan
dos millones de empleados públicos nombrados a dedo –causa principal
del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público
destruye 2,8 puestos en el sector privado- y donde para no tener que dar
explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran
tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y
corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35%
superiores a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de Estado.
El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el año 2.000 en
cajas de ahorro, que habían sido el referente de las clases humildes
españolas durante casi dos siglos y que se convertirían en botín
preferido de los Presidentes autonómicos, que impondrían a personas
políticas afines no profesionales al frente de las mismas, al objeto de
poder disfrutar de un poder económico casi ilimitado para financiar sus
obras faraónicas y los disparates más inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos,
interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes
autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de España
primero y la ocultación de la realidad de sus balances después,
financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con
las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de estas
instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y nacionalistas
sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los responsables de
tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al respecto la
protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no destituir al
Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento de sus
obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de
endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más
elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro
de ella, la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud
absolutamente irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin
control alguno para financiar el gasto corriente y los agujeros
bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que
arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido
de nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad –la real
es doble de la oficial– y porque las viviendas caerán aún un 35% y no
se ha tenido en cuenta.
Además crea un círculo vicioso de bancos quebrados comprando deuda con
el dinero del BCE para mantener un Estado quebrado, que a su vez se
endeuda para salvar a estos mismos bancos quebrados. Sólo la actuación
simultánea sobre el sistema financiero, cerrando los bancos inviables y
cambiando de modelo de Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hace en forma
indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación,
reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de
raíz los focos de despilfarro y manteniendo intactos los 450.000
políticos, parásitos sociales en su mayoría, que nos han llevado a la
ruina, el resultado sería un desastre histórico y la miseria y el hambre
para millones.
Es por ello Sra. Canciller, que como
única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español,
me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su
lugar la supresión la locura económica que implica la actual
administración autonómica y local.
La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales,
permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en
relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una
brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente
devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles
actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía
política parasitaria y corrupta.
Ihre Centeno
Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid
(Se envía copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de Alemania;
Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn, responsable de
Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario Draghi presidente del
BCE)
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