Luego aún dirán que la culpa es de los molinillos..
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Como todo récord mundial, se necesita esfuerzo y dedicación, ya qua al
liderato no se accede por casualidad. Se han tenido que dedicar ímprobos
esfuerzos para que los precios da la electricidad en nuestro país sean
los mas caros del mundo industrializado. La clase política, lejos del
papel que le corresponde, y con independencia de la formación a la que
pertenezca el Gobierno de la nación, ha arrimado al hombro junto a las
“familias” dominantes en el sector eléctrico para conseguir la proeza de
figurar en el informe de la consultora National Utility Service (NUS)
qua señala a España como el país más caro por sus costes de energía
eléctrica. No solo se ha conseguido este récord Guinness, sino que la
liberación del mercado eléctrico se ve como una parodia nacional al más
puro estilo del cine de Berlanga. Los precios se han resistido a
bajar a pasar da la liberalización del sector y las sucesivas medidas
adoptadas por el Gobierno trapicheando con las tarifas. En casi todos
los países que recoge el informe NUS, el precio de la electricidad
disminuyó, destacando los descensos tarifarios en Suecia con un 20,37%,
Dinamarca con un 15,57% o Italia con un 12,05%. Por al contrario, la
tarifa eléctrica española no ha variado a la baja, todo lo contrario
desde 2008 se ha incrementado en más del 50%.
La codicia de las compañías eléctricas no tiene fin, no satisfechas en
su lloriqueo perpetuo persisten que el próximo 30 de marzo se le de una
vuelta de tuerca más a la tarifa y ponen toda la carne en el asador con
el fin de esgrimir su fuerza intimidatoria. Estos angelitos se atreven a
pronunciar: Es que esto no se arregla sin una subida del 30% o del 40%
para no generar un agujero mayor, así también lindezas como esta: Al
final, el negocio internacional es el que salva nuestra cuenta de
resultados. Cuando no deja de ser una mentira detrás de otra, las
inversiones internacionales, sobre todo en Sudamérica, han sido
financiadas con el expolio de la tarifa nacional. Así y todo el lobby de
las eléctricas asegura que se trata de un mal negocio y que los
balances contables están construidos en el aire: El beneficio no
corresponde a flujos de caja reales, son contables, y que el
esplendoroso déficit tarifario supone cinco veces su beneficio. ¿Si los
beneficios son virtuales y no llegan a entrar en caja por qué continúan?
¿No sería oportuno que encaminaran sus pasos por una renacionalización?
De esto ni hablar, de lo que se trata es de chupar de la mamella de la
vaca hasta el infinito y lloriquear sin descanso: La realidad es que los
beneficios cubren el esfuerzo financiero de la inversión, pero no
retribuyen de una manera rentable los costes del capital invertido.
¿Cómo puede ser competitivo este país con una oligarquía que no está
dispuesta a ceder en lo más mínimo? ¿Toda la carga tiene que avocarse en
las espaldas del españolito? Esto no puede acabar bien, lo ve hasta los
que miran al otro lado.
Ha sido da tal magnitud el latrocinio cometido con los ciudadanos del
país a través del arma legislativa de incrementar la tarifa eléctrica
que, ahora, cuando se desarrollan los efectos de la economía globalizada
pueden apreciarse los estragos cometidos en toda su amplitud. El coste
de un KW/h en España respecto a la media de los países más
industrializados es impresionante, más de un 40%. Un dato sin confirmar,
un ciudadano londinense paga un tercio de lo que paga un español por el
recibo de la luz a pesar de las diferencias salariales. Se ha llegado a
inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por
distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados
de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear,
y un sin fin de dimes y diretes que tratan de ocultar la quiebra
técnica de las compañías eléctricas al invertir en centrales nucleares.
Si se quiere llegar al fondo de la cuestión es necesario explicar lo
ocurrido con un cierto detalle, de lo contrario, en genérico es tan
superficial que el potente sistema mediático arrasa con todo y la
mentira se consolida. Para ello volvamos algo atrás.
En 1983 el gobierno socialista decidió poner fin a la aventura de
construir centrales nucleares en nuestro país. Hasta entonces ya estaban
en funcionamiento la de Zorita, que se había conectado a la red en
1968, la de Santa María de Gadoña, en 1971, la central de Almaraz I, y
Alrnaraz II, en 1981 y 1983 y también la de Ascó I, en el mismo año. En
construcción estaban la central de Cofrentes, que se conecto a la red en
1984, Ascó II, que se conectó en 1985, y ya por último las centrales de
Vandellós II y Trillo, que entraron en funcionamiento en 1987 y 1988.
La decisión política de suspender el programa de instalación de
centrales nucleares, a la que se llamó “paron nuclear”, no levanto
ninguna crítica por las empresas concesionarias de las instalaciones,
las tradicionales compañías eléctricas. Cualquier otro sector, después
de haber invertido miles de millones de pesetas y de estar endeudados
hasta las pestañas en divisas, hubiera puesto el grito en cielo por la
decisión de unos chicos con chaqueta de pana que habían desembarcado en
el Gobierno. Pues no, a las poderosas familias que copaban los consejos
de administración de las eléctricas les pareció de maravilla que el
gobierno tomara la decisión del paron nuclear. La razón para que este
previsible enfado de los mandamases de la electricidad se transformó en
silencio espeso, resultó que la decisión les venia como anillo al dedo.
El maná que iba a representar la energía nuclear para las cuentas de
explotación y los balances de las compañías que participaban en el
proyecto de nuclearizar España en pos de la modernidad y la energía
barata, había sido tan sólo un eslogan de las compañías americanas que
vendían las instalaciones. Pero cuando las instalaciones estuvieron en
marcha, se pudieron percatar de los altos costes por la derivación de su
financiación en divisas, la seguridad, y el almacenamiento de los
residuos. Fue entonces cuando se dieron de bruces con la realidad, no
eran la panacea de una inversión acertada. Fueron los consejos de
administración de las compañías eléctricas las que tomaron la decisión
de producir energía por la vía de la explotación nuclear. Nadie les
impulsó, ni forzó a tomar esta decisión, ni tan siquiera fue debatida en
ninguna instancia, fue simple y llanamente una decisión empresarial. A
mediados de los 70, la fiebre nuclear despertó en los consejos de
administración de las eléctricas, coincidiendo con la transición
política, por lo que se obviaron las consultas populares que podían
entorpecer un negocio de altos vuelos. En definitiva, quienes se
equivocaron de lleno fueron los que tomaron la decisión de invertir en
un negocio equivocado.
La transición política española, que
tanto se alardea, consistió en que el régimen anterior se murió sólo y,
en su agonía, se constituyeron unos partidos políticos que, sin una
peseta para estructurarse como tales, tuvieron que recurrir a los
mecenas tradicionales, las “familias” que controlaban la banca y las
eléctricas. Esto fue la transición política española, “tu a lo tuyo y
yo a lo mío”. Por derivación, tu de dedicas a montar el circo político e
institucional y, a nosotros nos dejas los sillones de los consejos de
administración. Al igual que la democracia en el Reino Unido mantuvo los
aristócratas con titulo nobiliario en la Cámara de los Lores, en
España, la transición mantuvo a las “familias” en los consejos de
administración de la banca y las eléctricas. En su momento ninguno de
los consejos de administración asumió nunca el error de gestión que
supuso la decisión de invertir miles de millones de pesetas en un
programa de instalaciones nucleares que acabaron por destrozar las
cuentas de resultados de estas compañías. Ni la menor autocrítica, ni
desesperación alguna, ya que su puesto en el consejo de administración
no estaba vinculado a una aportación dineraria traducida en acciones
propias, sino a la malsana costumbre, bendecida políticamente, de la
legitimación hereditaria de la “familia” cuya participación en el
capital de la compañía era minima.
Lo más grave del desaguisado nuclear, no es el no haber escuchado
ninguna autocrítica por los componentes de los consejos de
administración. Lo mas grave es que nadie les ha exigido ninguna
responsabilidad por la impericia en la gestión empresarial que ha
acabado costando miles de millones de euros. La clase política, sea de
la formación que sea, con la careta socialista o con el populismo de la
derecha, ha venido configurando leyes y mas leyes para que se acomoden a
cubrir por la vía parlamentaria el tremendo agujero provocado por una
decisión empresarial que les llevó a la quiebra técnica. El descalabro
financiero se convierte en una razón de Estado. Estas “razones” lo
permiten y legitiman todo. Para empezar se construye la casa por el
tejado, por lo que a la contabilidad se le da la vuelta como a un
calcetín. Primero se asignaba el beneficio que debían recibir los
accionistas, ni mucho ni poco, lo suficiente para que no protestaran. A
partir de este estadio, se iban asignando partidas que no contemplaban
los tremebundos gastos financieros, la devaluación de la moneda al tener
que pagar en divisas, las amortizaciones necesarias y todo lo que
concernía a los ingredientes del balance contable, que en nada reflejaba
la realidad patrimonial de las eléctricas.
Cuando se llego al extremo de que la ingeniería financiera ya no daba
más de si, pues el balance contable ya no se lo creía ni tan siquiera el
conserje del ministerio, transcendió la alarma a los inversores
extranjeros. Estos inversores extranjeros, la banca principalmente,
empezaron a preocuparse por la inversión realizada al acreditarse la
falta de posibilidades en la reintegración de los préstamos. Entonces el
Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, no fuera que el país se
quedara sin suministro de energía eléctrica por la quiebra en cadena de
los suministradores. Llegaron entonces las soluciones mágicas. La clase
política estaba mas preocupada en quien les iba a financiar la próxima
campaña electoral que en exigir responsabilidades a los miembros de los
consejos de administración de las eléctricas. Así, para que ni tan
siquiera se tuviera que debatir parlamentariamente, dado que el consenso
se suponía, llegó a las páginas del BOE el Real Decreto 441/1986, de 28
de febrero, donde la solución mágica viene por la vía fácil de
incrementar la tarifa eléctrica. Su título no lleva a engaño,
modificación de las tarifas para la venta de energía eléctrica, y sin
perderse en prolegómenos, en su artículo 2º establece que un 3% de la
recaudación había de ingresarse en una cuenta intervenida —controlada
por el Ministerio de Industria- en Unión Eléctrica S.A. (UNESA), una
sociedad anónima inscrita en el registro mercantil, que, como
peculiaridad, tiene que es la patronal del sector.
Pero todavía es más peculiar, por inconcebible, el artículo 30 de este
inefable Real Decreto donde se especifica la naturaleza del reparto de
la cuantiosa cifra que representa una recaudación del 3% sobre la tarifa
eléctrica. Está dirigido a aquellas empresas integrantes de la patronal
del sector que cumplan las siguientes condiciones: saneamiento con
cargo a reservas de los ajustes, salvedades y excepciones destacados en
las auditorias correspondientes al ejercicio de 1984, consecuencia de
sobre valoraciones de gastos financieros y de personal, menores
amortizaciones, diferencias de valoración de préstamos en moneda
extranjera y otros conceptos ajustables. En definitiva, la clase
política no encuentra otra manera mejor que la de premiar con una
subvención, por la vía del incremento de tarifas, a todas aquellas
empresas que ostenten una contabilidad incorrecta. Para que todo sea al
revés, empezando por la asignación contable del beneficio al accionista,
la solución también va por esta línea. En lugar de castigar, en la
medida que le corresponde a cada consejo de administración de las
eléctricas, el gobierno las premia por haber llevado a estas sociedades a
la quiebra técnica. Al borrón y cuenta nueva se le llamó “saneamiento”,
pero como coincidió con el paron nuclear, se extendió a una solución
complementaria con un nuevo nombre la “moratoria”.
Para legalizar la milonga, como no había cobertura legal se creó un
“marco legal y estable” por medio del Real Decreto, el 1538/1987, de 11
de diciembre, que se desarrolló en las Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía de 3 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1995.
Entre pitos y flautas, a los consumidores de energía de este país, la
falta de acierto de los mandamases de las eléctricas les viene costando
un significado incremento en la tarifa que entre el porcentaje destinado
a “stock básico de uranio”, y el que comprende la eliminación de la
“basura” nuclear, que para hacerlo mas bonito y despistar al personal se
le llama “2º ciclo nuclear”, el porcentaje se eleva entre el 6% y el
7%. Toda una verdadera fortuna que cada año hace sonar el ring ring de
las cajas registradoras de las principales eléctricas. La forma más
efectiva de que errores propios los paguen otros. Puestos ya en el todo
vale, la clase política no tuvo inconveniente en resolver el problema de
las eléctricas por la vía tarifaria en lugar de aplicarlo a los
Presupuestos Generales del Estado –de este delicado asunto hablaré en el
próximo post-. Al mundo de la luz se le otorgó patente de oscuridad, y
así la transparencia de las cuentas acabó en un conglomerado normativo,
en el que resulta imposible enterarse de lo que se determina, al
apoyarse en un lenguaje encriptado que ni los expertos entienden. Lo que
se pretendía ha tomado cuerpo, la Intervención General de la
Administración del Estado nunca ha podido fiscalizar el debido uso de
estos fondos, por lo que tampoco ha podido intervenir el Tribunal de
Cuentas, quedando todos contentos. Los políticos podrán tener
garantizada la financiación de sus partidos y demás prebendas, y los
eléctricos al estar enchufados al maná de la tarifa.
Para finalizar este post tan sólo poner en evidencia que estos oligarcas
cuando les ha convenido, se le ha dicho al ciudadano de a pie que el
suministro de energía eléctrica es un servicio público. Bajo este
postulado se han construido pantanos, desalojando de sus casas a sus
ocupantes, pagándoles cuatro duros por sus tierras, y resignados todos
por el bien común, nos hemos dejado nuclearizar el país en pos de la
energía barata. Las consecuencias del llamado servicio público son
irreversibles, el sistema ya se las ha cobrado, humildes campesinos han
aportado su contribución a la producción eléctrica con sus menguados
patrimonios. Al resto de los de a pie se nos ha impuesto el riesgo de un
percance nuclear que ahí esta. –Reservo una sorpresa a los seguidores
del blog en el post número 4 de esta serie- Cuando así están las
cosas llega la modernidad, la privatización, la liberalización del
mercado y la plasmación normativa del acuerdo entre el Gobierno y el
sector eléctrico en formato de protocolo, donde se dispone que el
suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su
progresiva pérdida de transcendencia en la practica” así, literal,
que: todo lo exprimido ya esta exprimido. La definición de servicio
público detestado por las propias eléctricas, era soportado por su
efectividad en tiempos remotos del Decreto de 12 de abril de 1924,
reiterado en e1 Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 1954 y,
sobretodo, con la propia Ley 10/ 1966, de Expropiación forzosa y
Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y, ya tímidamente
definido, en la Ley 49/1984 del 26 de diciembre sobre Explotación
Unificada del Sistema Eléctrico Nacional. Los nuevos tiempos traen
nuevos conceptos. Ahora se le bautiza como “servicio de interés
económico general” que, traducido al idioma del ciudadano de a pie,
quiere decir todo lo contrario, “que estamos al servicio del interés
económico privado”. Prueba de ello es quo nos achicharran con
impuestos tarifarios y, si nos descuidamos, nos facturaran a portes
debidos el envío de los residuos radioactivos para que los almacenemos
debajo de la cama.
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