La Guardia Civil será la encargada de investigar el auténtico embrollo
legal en que se encuentra el emblemático Hospital de Sant Pau de
Barcelona. Así lo ordenó este miércoles en un auto el titular del
juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilà. El
centro sanitario acometió el año pasado un severo expediente de
regulación de empleo (ERE) para enjugar el déficit de 17 millones de
2011, pero además ha de afrontar denuncias penales del comité de
empresa, de la médico Carme Pérez y de la Associació de Profesionals
d’Infermeria (API), que han descubierto graves irregularidades en su
gestión. El caso se verá también en la comisión de investigación
parlamentaria creada esta semana en el parlamento catalán y que se
ocupará también de otros escándalos de la sanidad.
Entre los actos denunciados figura el pago de suculentos emolumentos a exaltos cargos de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Arzobispado. El exgerente Ricard Gutiérrez, por ejemplo, estuvo cobrando un salario millonario durante siete años después de dejar su cargo, lo que le reportó más de 700.000 euros. También reclaman conocer los pagos realizados al exteniente de alcalde de Barcelona José Ignacio Cuervo y a Joan Ros, representante del Arzobispado.
Para los denunciantes, estos pagos no estaban justificados. Las
denuncias presentadas acusan a la cúpula del hospital de delito
societario, de malversación de caudales públicos, de fraude, de
prevaricación y de delito contra los trabajadores. De momento, el
magistrado mantiene como imputados al presidente de la Fundación gestora
del hospital, Albert Folia, y al exgerente Jordi Varela.
Entre otras cosas, también existen sospechas sobre la adjudicación de varias fases de las obras de ampliación del hospital, ya que no se convocó ningún concurso y se adjudicaron a dedo.
Tras esa sospechosa irregularidad, hubo desvíos al alza en los
presupuestos de las mismas. Además, dichas cantidades no son pequeñas:
esos ‘desvíos’ pueden suponer unos 70 millones de euros.
En vista de todo ello, el magistrado también encarga a la Guardia Civil
investigar los supuestos contratos irregulares en “obras, servicios,
empleos irregulares y cobros indebidos por parte de los patrones de las
fundaciones”. Se refiere, con ello, a los pagos efectuados a Gutiérrez,
Cuervo y Ros. Un portavoz oficial del hospital consultado por este
diario declinó comentar el tema porque “está sub iudice”.
Un retiro para exaltos cargos
Fuentes del sector sanitario señalan a El Confidencial que el Sant Pau
se convirtió, durante años, en el retiro dorado de exaltos cargos de la
Administración. ”Allí iban a parar los dirigentes del Gobierno o del Ayuntamiento que salían de la primera línea de la política”, explican estas fuentes.
El hospital tiene una situación jurídica peculiar: en realidad, el centro tiene tres fundaciones: una Fundación Privada, una fundación gestora y una Fundación de investigación.
A través de ésta, recibe fondos públicos. “Nosotros partimos de la base
de que es un grupo empresarial, aunque ellos siguen diciendo que no.
Cuando fuimos a buscar las cartas fundacionales a Justicia, nos
encontramos con que el Hospital de Sant Pau es una Fundación Privada.
Luego, por decreto ley, se crearon las otras, pero eso no cambia la
titularidad. Pueden vestirlo con las fundaciones que quieran, pero no
deja de ser un negocio privado”, señala a El Confidencial àngels Sabaté,
presidenta de la API.
Los trabajadores sospechan que cuando
el hospital recibía legados o herencias, en vez de pasar a usufructo de
la gestora, se pasaban directamente a la Fundación Privada. ”De ese
modo, nos encontramos con que tiene una inmobiliaria con más de 1.200
inmuebles, mientras el hospital cierra 86 camas porque no hay dinero
para mantenerlo”, subraya Sabaté. Ese recorte de camas fue debido al
recorte generalizado de fondos públicos que el Gobierno catalán acometió
el año pasado. Así, mientras el servicio se resentía, el patrimonio se
mantenía intacto o se incrementaba a través de la Fundación Privada.
Los agentes deberán determinar exactamente las relaciones entre las tres
fundaciones ligadas al hospital y el flujo monetario y patrimonial que
existe entre las mismas.
Además, entre las irregularidades denunciadas se encuentran diversas
adjudicaciones realizadas por los directivos del centro. La más
llamativa es la de mobiliario, electrodomésticos y maquinaria médica con
la multinacional Philips por 5,1 millones de euros. Además, según los
denunciantes, una empresa privada mediaba para comprar ese material a
Philips. El encargo a ésta, sin embargo, lo realizó, al parecer, la
Fundación Privada, por lo que no estaría sujeta a convocar concurso. Sin
embargo, tanto el desembolso del dinero como la gestión del material
pueden haberse realizado por la Fundación gestora, por lo que la
estructura jurídica del centro acrecienta el embrollo legalista.
Fuente.
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