CC y CAN votan que el alcalde siga en el cargo pese a la condena judicial
Trece concejales votaron ayer a favor de declarar su compatibilidad para
continuar en el puesto, mientras que PSOE, PP y CxA abandonaron el
pleno calificando el acuerdo de "presuntamente delictivo".
Los
12 concejales de Coalición Canaria (el alcalde se ausentó) y los dos de
Centro de Arona (CAN) aprobaron ayer la declaración de compatibilidad
de José Alberto González Reverón para continuar ejerciendo cargo
público. PSOE, PP y CxA se ausentaron una vez debatido este segundo
punto del pleno extraordinario. Por ello, el regente aronero se mantiene
en el puesto a pesar de que está condenado (aún sin sentencia firme) a
cuatro años y medio de inhabilitación; a pesar de que la secretaria
municipal informó de que el Pleno solo debe tomar conocimiento de esa
sentencia y cesar el alcalde en el mismo acto; a pesar de que la Junta
Electoral Central consideró que la privación del cargo le afecta "ex
lege", o sea, porque así lo indica la ley.
Para contrarrestar todo eso, el gobierno municipal (formado por CC con
mayoría absoluta) encargó dos informes. Uno, a un catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y otro al
abogado Rolando Rodríguez, que incluye afirmaciones tales como que "la
secretaria se ha extralimitado en sus funciones" porque su informe "no
es ajustado a derecho ni tampoco los requerimiento que hace el alcalde",
además de que "no es función de la secretaria hacer por su cuenta
comprobaciones y emitir informes no preceptivos".
El argumento de que el hecho objeto de juicio es anterior a la
promulgación de la ley les sirve para afirmar que no se le puede aplicar
esta al alcalde. Para el jurista, la aplicación de la sentencia "es
competencia exclusiva del Juzgado de lo Penal que dictó la misma".
En ello hizo hincapié el portavoz de CC, Antonio Sosa, quien defendió
que con la destitución o cese de José Alberto González Reverón se
lesionarían sus derechos fundamentales al no ser firme la sentencia y se
usurparía le voluntad popular, puesto que fue elegido por mayoría
absoluta de los votantes. Pidió que se le aplicara al alcalde el
principio de presunción de inocencia.
José Julián Mena incidió en que el alcalde "fue condenado por el Juzgado
de lo Penal, no por su grupo político (PSOE), ni por el PP ni por CxA",
de los que también se erigió en portavoz. Acusó a González Reverón de
traicionar la confianza de los ciudadanos "gobernando al margen de la
ley" y calificó el acuerdo finalmente adoptado como "absolutamente
ilegal e, incluso, presuntamente delictivo". Es más, adelantó que ese
acuerdo es "un delito de prevaricación" y de "usurpación de funciones
públicas" castigado con privación de libertad de entre seis meses y dos
años. En ello pueden haber incurrido todos los que votaron, entre los
que hay seis miembros del gobierno local que son empleados públicos.
El pleno comenzó con vítores al alcalde de quienes llenaban el salón de
plenos, los mismos que repitieron su algarabía cuando José Alberto
González retornó a su silla una vez debatido y votado el punto; los
mismos que no pararon de interrumpir al portavoz de la oposición siendo
advertidos de desalojo por el alcalde eventual, Francisco Niño, solo
cuando la oposición se marchó del salón de plenos. De hecho, el propio
González Reverón llegó a realizar dos advertencias de expulsión al
portavoz socialista cuando este trató de justificar su voto a la
urgencia de la sesión.
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