El juez investiga si hubo fraude con el plan E de Zapatero en Sabadell

A buenas horas..

El juez investiga si hubo fraude con el plan E de Zapatero en Sabadell 

• El supuesto apaño para colocar a una ex alto cargo del tripartito salpica a Daniel Fernández
• Los implicados en la trama de corrupción se referían por teléfono a Bustos como 'el capo'
• El juez ha imputado al exconcejal de urbanismo de Llavaneres, acusado en el caso Pretoria

La investigación judicial sobre el Ayuntamiento de Sabadell cuenta con más de un frente abierto. No sólo están bajo sospecha supuestas concesiones irregulares de obras del consistorio, sino que el juez también investiga si hubo fraude de recursos públicos en las partidas destinadas a esta ciudad del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocidos como el plan E de Zapatero. Asimismo se conoció ayer la imputación del exconcejal de urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres, Antonio Jiménez, que ya fue relacionado en su día con la trama de Pretoria y luego exculpado.

También avanza la investigación que implica a dos pesos pesados del PSC, el alcalde Manuel Bustos, por un lado, y el diputado en el Congreso Daniel Fernández. Las pesquisas se iniciaron en enero del 2010 y los investigadores cuentan con centenares de conversaciones telefónicas, algunas de las cuales desvelan que algunos de los implicados en el asunto se referían al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, como el capo.

Es precisamente una conversación intervenida la que implica a Daniel Fernández, hasta el lunes secretario de organización del PSC, que supuestamente medió ante la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, para que contratara como directora del área territorial del consistorio a Carmina Llumà, exalto cargo del tripartito en la conselleria de Política Territorial que dirigió Joaquim Nadal y que también trabajó en el Ministerio de Fomento bajo las órdenes de Isaías Taboas, exsecretario de Estado de Transportes y exsecretario del Govern con José Montilla.

La Fiscalía analiza el expediente de contratación de Llumà, por si se cometieron irregularidades o se hizo un concurso a medida de la aspirante. Según la investigación, la alcaldesa prescindió del arquitecto municipal el pasado mes de marzo de forma fulminante y convocó un concurso supuestamente a medida de Llumà al que se presentaron otros cuatro profesionales. Llumà se hizo con el puesto.

La operación Mercurio, que dirige el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción, ha puesto patas arriba el Ayuntamiento de Sabadell y la ciudad ya que ha conllevado la detención de doce personas y la imputación de otras veintiséis, entre ellas Bustos, varios de sus familiares y otros cargos locales. En la entrada y registro del consistorio y sedes empresariales municipales, la comisión judicial se hizo con la contabilidad  municipal de los años 2009, 2010 y 2011. ¿La causa? Pues que durante estos años llegaron al Ayuntamiento partidas del Fondo Estatal de Inversión Local (en 2009) y del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (en 2010), conocidos popularmente como planes E a los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero confió la reactivación de la economía.

En Sabadell, estos fondos se gestionaron por medio del área de Espai Públic, cuyo concejal responsable es Francisco Bustos, hermano del alcalde. La otra persona que tuvo responsabilidades en esta materia fue Xavier Izquierdo, coordinador del área. Ambos están imputados en la causa. Otros cargos municipales también han sido inculpados por el juez de Sabadell: los concejales de Urbanismo, Joan Manau, y de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la jefa del área de presidencia, Montse Costa (que además es la pareja sentimental del alcalde), y el director del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

En estos casos, también se persigue, como en el caso de Manuel Bustos, si se había establecido una red para conceder las licencias de obras y los contratos municipales a cambio de sobornos. Según la Fiscalía Anticorrupción, los aspirantes a contratos públicos daban a fondo perdido un depósito de 120.000 euros, con el fin de optar a las concesiones. Luego, si lograban la adjudicación, pagaban un 3% del presupuesto final de la obra, que una vez cerrado el acuerdo, se depositaba en un despacho de abogados cuyo nombre no ha trascendido.

Asimismo, se sospecha de que el exconcejal del PP, Jordi Soriano, tenía un puesto destacado en la trama. El partido le expulsó en el 2009 porque en dos años tan sólo había presentado una moción en el Ayuntamiento. Luego, los populares llevaron a cabo una auditoría interna donde se pusieron de relieve desfases en las cuentas del grupo municipal. También estuvo bajo la lupa la actuación de un antiguo concejal de CiU, que regentaba una gestoría.

Por otra parte, también ha sido imputado Antonio Jiménez, exconcejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres. A finales del año 2009 fue inculpado en el seno de la operación Pretoria, una trama de corrupción urbanística que tenía su centro en Santa Coloma de Gramenet. En julio de este año, la Audiencia Nacional archivó las acusaciones contra él y el exalcalde Víctor Ros.