Con un 27% de paro, y se les ocurre cada cosa..
La OCDE pide a España subir más el IVA y abaratar más el despido | Economía | EL PAÍS
Por si después de un año de duros recortes, subidas de impuestos y
reformas económicas al Gobierno se le empezaban a acabar las ideas, la
OCDE ha propuesto hoy a España un enorme catálogo de nuevas medidas,
algunas de ellas radicales, en el informe bienal sobre la economía
española que realiza el organismo que dirige José Ángel Gurría. Subir
más el IVA, abaratar más el despido, volver a reformar las pensiones
para bajar las prestaciones, suprimir la jubilación parcial, acabar con
las deducciones en el IRPF por las aportaciones a planes de pensiones y
endurecer las condiciones para cobrar el desempleo son solo algunas de sus propuestas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrrollo Económico (OCDE)
confirma las negras previsiones sobre la economía española que ha
publicado esta misma semana, según las cuales el paro se instalará por
encima de los 6 millones de personas a finales de este año o principios
del próximo y seguirá por encima de esa cota al menos hasta final de
2014. Con los datos que da la OCDE no se puede calcular en qué momento y
nivel tocará techo, pero tomando en cuenta que para 2013 el organismo
prevé una tasa de paro media a lo largo del año del 26,9%, eso significa
que a lo largo del año se superaría claramente el 27% en algunos
momentos, con lo que, dependiendo de la población activa, se podría
llegar a 6,3 o 6,4 millones de parados.
Este es el diagnóstico de la OCDE: "España se encuentra inmersa en una
recesión prolongada. El impacto depresivo sobre la actividad del
desapalancamiento del sector privado y la necesidad de una considerable
consolidación fiscal a raíz del estallido de la burbuja de crédito, se
ha visto agravada por la crisis de la deuda de la zona euro y las
rigideces estructurales del mercado de trabajo, dando lugar a un fuerte
aumento del desempleo y una crisis bancaria. La perspectiva de una
recuperación inmediata sigue siendo remota ya que el desapalancamiento
del sector privado todavía tiene un largo camino por recorrer, mientras
que el ciclo de retroalimentación entre las finanzaspúblicas y el sector
bancario sigue siendo fuerte".
En esas circunstancias, cree vital completar el saneamiento del sector
financiero, recobrar la confianza en las cuentas públicas y realizar
nuevas reformas en el mercado laboral. En el sector financiero, las
reflexiones de la OCDE están en línea con las de la troika en relación
con el rescate financiero, aunque el organismo también sugiere la
posibilidad de que se impongan pérdidas a los tenedores de deuda sénior,
advierte de los riesgos del banco malo y propone una reforma de los
procedimientos concursales.
En cuanto a las finanzas públicas, la OCDE cree que el Gobierno no
cumplirá los objetivos de déficit. Sobre todo, pide que se especifiquen
las medidas para 2014, como también ha hecho la Comisión Europea. Desde
el punto de vista institucional, su informe pone énfasis en que se
controle el déficit de las comunidades y en que se establezca una
autoridad fiscal independiente, tal y como ha exigido la Unión Europea y
el Gobierno ha anunciado que hará. La OCDE reclama que sea
auténticamente independiente, con un mandato que no coincida con el
ciclo político.
Reforma de las pensiones
La OCDE alaba la reforma de las pensiones efectuada por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero. pero pide más. El informe dice que "una
fórmula de indexación de pensiones vinculando los parámetros del sistema
a los cambios en la esperanza de vida debería introducirse lo antes
posible", algo que está previsto por la ley que entre en vigor en 2027.
Pero además, la OCDE pide nuevos cambios.
Así, el organismo reclama extender el cómputo de la pensión a toda la
vida laboral y prolongar aún más el plazo necesario para lograr la
pensión máxima, lo que se traduce en una bjada de las pensiones futuras.
Señala que, a pesar de la reforma de las pensiones de 2011, el sistema
sigue generando desincentivos innecesarios para suministrar mano de obra
en la economía formal. Con la reforma, las pensiones se fijan por el
nivel de ingresos en los 25 previos a la jubilación y la pensión máxima
se alcanza tras 37 años de cotización. "Esta configuración no reconoce
suficientemente largas carreras de cotización, penaliza a las personas
con ingresos estables a lo largo de su vida laboral y no incentiva la
prolongación de la vida de trabajo después de que los períodos de
cotización correspondientes se han alcanzado". La OCDE cree que el
sistema lleva a trabajadores y empleadores a declarar sólo parcialmente
las retribuciones antes de que lleguen los últimos 25 años de la vida
laboral activa, y a no declarar los ingresos en algunos años.
También señala que puede lograrse un ahorro en el gasto futuro en
pensiones "mediante la reforma de las prestaciones de viudedad a la luz
de la alta participación de mercado de trabajo de las mujeres jóvenes,
centrándose tales beneficios más estrechamente a los casos de
necesidad".
El organismo considera que también hay margen para reducir aún los
subsidios públicos a la jubilación anticipada a través de largos pagos
de prestaciones por desempleo, aunque indica que estas medidas no deben
ser consideradas prioritarias ahora, en vista de la difícil situación en
el mercado laboral y su bajo coste presupuestario. En cambio, sí cree
urgente acabar con las ayudas a la jubilación parcial (en que se reducen
las horas de trabajo y se empieza a percibir la pensión). "Estas son
costosas para el presupuesto por lo que debe ser eliminada tan pronto
como sea posible".
Más IVA para el turismo y más impuesto sobre Sucesiones
En materia de impuestos, el organismo señala que la fiscalidad en España
sigue muy centrada en los impuestos al trabajo, en particular las
cotizaciones sociales. La OCDE saluda así la subida del IVA, pero de
nuevo pide más. "Varios sectores continúan beneficiándose de tipos
considerablemente reducidos y la base imponible del IVA debe ampliarse
aún más, pasando la mayoría de bienes y servicios al tipo general. Por
ejemplo, los servicios relacionados con el turismo y los servicios de
transporte sólo están gravados al 10%. Algunos productos de papel sólo
se gravan en el 4%", señala en probable referencia a libros, periódicos y
revistas.
El organismo también ve margen para eliminar exenciones y deducciones en
el IRPF. En particular, propone suprimir o reducir sustancialmente las
deducciones por aportaciones a planes de pensiones, que "benefician
principalmente a los hogares de ingresos medios y altos". "Cualquier
impacto positivo de estas deducciones en el ahorro de los hogares
privados es probable que se vea más que compensado por el menor ahorro
del Gobierno y la tasa de rentabilidad de los planes de pensiones de
este tipo puede ser significativamente inferior a los tipos de interés
de la deuda pública. Además, su eliminación no afecta a la actividad
negativamente", razona la OCDE.
El organismo propone también que se estudie un impuesto medioambiental,
incluidos mayores impuestos sobre el combustible para transporte. "El
Gobierno se propone aumentar los impuestos a los combustibles, lo cual
es bienvenido", señala el informe.
El otro impuesto que la OCDE propone reformar es el de Sucesiones. Sus
economistas creen que las competencias sobre ese impuesto se deben
atribuir plenamente a la Administración central para evitar la
competencia entre comunidades y que los tipos deben aumentar, aunque no
hasta el punto de provocar fugas de capitales.
Por último, en materia fiscal, la OCDE también indica que los ingresos
extra por estas subidas de impuestos se podrían destinar a reducir las
cotizaciones sociales a cargo de las empresas, especialmente para
aquellos trabajadores con salarios más bajos.
El organismo también cree que se debe atribuir a la Administración
central la imposición sobre las transacciones inmobiliarias, muy
volátil. Además, cree que se debe reducir esta y aumentar la carga sobre
el Impuesto de Bienes Inmuebles, e modo que la alta fiscalidad de la
compraventa de vivienda no desincentive la movilidad geográfica de los
trabajadores.
¿Otra reforma laboral?
Los economistas de la OCDE alaban la reforma laboral aprobada por el
Gobierno del Partido Popular que abarató y facilitó el despido, pero de
nuevo consideran que, aunque es "un importante paso en la buena
dirección", aún no es suficiente.
El organismo ve bien el abaratamiento del despido por causas económicas
que introdujo la reforma, pero subraya que "está por ver cuántos
despidos serán juzgados como procedentes por los tribunales". "En
cualquier caso, la indemnización por despido improcedente debe reducirse
aún más, ya que incluso a 33 días de salario, los costes de despido por
despido injustificado siguen siendo altos en comparación con otros
países. En particular, la diferencia con respecto a los costes de
despido de los trabajadores con contratos temporales sigue siendo
grande. Si la reforma no es eficaz para reducir la dualidad
sustancialmente, pasar a un único contrato con indemnizaciones por
despido inicialmente bajas, pero crecientes podría reducir la diferencia
en los costes de despido de los contratos temporales y permanentes",
señala la OCDE.
En materia laboral, el organismo también aconseja facilitar aún más el
descuelgue de los convenios de nivel superior. Una opción sería "abolir
la extensión legal de los acuerdos de negociación colectiva de nivel
superior o reemplazarla por un régimen de consentimiento previo, donde
los empleadores decidan si desean ser representados en la negociación
salarial sectorial", dice el informe.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, la OCDE propone que se
endurezcan los reuquisitos de búsqueda activa de empleo para los
perceptores de tales prestaciones.
Liberalizaciones
La OCDE considera que hay que reducir los costes y los procedimientos
necesarios para la creación de empresas, un apartado en que España suele
estar a la cola de los países industrializados, y eliminar las barreras
de entrada en sectores específicos, incluidos los servicios
profesionales, así como en el transporte ferroviario y por carretera.
Además, el organismo considera que deben reducirse las barreras para la
apertura de grandes superficies comerciales impuestas por los Gobiernos
de las comunidades autónomas, y que deberían liberalizarse las horas de
apertura comercial en aquellas regiones donde las restricciones se
mantienen. El informe aconseja elevar el límite mínimo nacional de horas
que las regiones tienen que aplicar al regular los horarios de
apertura.
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