¿Cómo es posible que ninguna iniciativa popular sea aceptada por la casta?
¿De qué sirve votar si solamente podemos elegir lo que nos ofrecen y en
la práctica los políticos no permiten nada que no proceda directamente
de sus organizaciones?
Solamente ellos redactan los programas, y los votantes se limitan a
elegir entre una u otra opción, sin poder aportar nada que no haya
pasado por el filtro de los Partidos, que están sometidos a intereses
económicos.
Y luego, cualquier parecido entre el programa y lo que acaba haciendo realmente el Gobierno de turno es pura coincidencia..
Hace falta una redefinición de la democracia, porque esto no es más que
una dictadura de los Partidos. Nos estamos dejando manejar...
El Congreso ha tumbado todas las ILP que los ciudadanos han presentado desde 1985 - 20minutos.es
La voz del pueblo no se oye en el Parlamento. La herramienta principal
que tienen los ciudadanos para pedir a las Cortes cambios en las leyes,
la iniciativa legislativa popular (ILP), ha demostrado hasta la fecha
que no tiene casi ninguna utilidad. El Congreso ha tumbado las 63 desde
que en 1985 se presentó la primera
Algunas han sido estudiadas por el Hemiciclo; otras simplemente fueron
inadmitidas a trámiteEn el contexto actual, en el que movimientos
sociales como el 15-M, Rodea el Congreso o Stop Desahucios piden a los
políticos que la opinión del ciudadano tenga más peso, las frías
estadísticas revelan que todas las propuestas legislativas presentadas
en el Congreso han sido rechazadas.
Algunas tras haber sido estudiadas por el Hemiciclo; otras simplemente
inadmitidas a trámite, es decir, ni siquiera han sido debatidas por la
Mesa del Congreso, como la última presentada en junio: proposición de
ley sobre la eliminación de las prebendas de la clase política cesada.
La única excepción –si acaso parcial– se produjo con la iniciativa de
1997 de proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias, ya
que parte de la propuesta fue "subsumida" en la reforma de ley de
propiedad horizontal de 1999.
La única excepción –si acaso parcial– se produjo con la iniciativa de
1997 de proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias.
La iniciativa legislativa popular está en nuestra Constitución, pero no
fue regulada hasta 1984. Y en 2006 sufrió modificaciones para dar
validez a la firma electrónica. Y es que las ILP, única herramienta
directa que tienen los ciudadanos para participar en la actividad
legislativa, tienen que estar avaladas por la firma de más de 500.000
personas, lo que también refleja la importancia de lo que piden los
ciudadanos.
Otras cinco ILP están a la espera de que el Congreso decida o no si las
admite, tres de ellas basadas en medidas económicas: reversión de la
congelación de las pensiones, regulación de la dación en pago y una ley
para el empleo estable. Hay una sexta ILP tramitada, que pide una "ley
sobre la mejora de los derechos de los consumidores y la protección de
su vivienda". Pero no ha sido aceptada porque aún no está avalada por
las 500.000 firmas.
Las ILP se pueden presentar en el Congreso con 500.000 firmas que las
apoyen o sin las firmas, con un texto articulado de proposición de ley y
una exposición de motivos. Luego el Congreso da nueve meses para
recoger las 500.000 firmas. Si en ese tiempo las consigue, la Cámara
Baja decide entonces si la acepta o no
16.000 peticiones
Los ciudadanos también tienen una segunda vía para hacer llegar a título
personal sus reclamaciones, quejas, dudas o peticiones al Congreso.
Entre las muchas comisiones en las que se organiza el Hemiciclo, está la
de Peticiones. Presidida por un diputado del PP, este diario ha
intentado sin éxito hablar con él para explicar su funcionamiento. Otras
fuentes parlamentarias han explicado a 20 minutos que está comisión ya
ha recibido más de 16.000 peticiones, 5.700 de ellas en la anterior
legislatura, muchas de ellas motivadas por problemas económicos y
laborales concretos.
No es una comisión legislativa, por eso solo tiene asignados ocho
diputados, la comisión con menos parlamentarios. "No queremos ser un
mero trámite administrativo, que recoge y analiza los escritos
ciudadanos y los remite al órgano encargado de responderlos. Hemos
pedido tener más peso, y que está comisión actué también como una
especie de abogado defensor de los ciudadanos", señala la diputada de IU
Caridad García. El PP ya tumbó en junio la figura del 'diputado 351',
que pretendía que el ciudadano pudiera exponer personalmente sus
peticiones en el Congreso.
La red canaliza las propuestas
El auge de internet y las redes sociales han facilitado el surgimiento
de webs y aplicaciones que canalizan las propuestas ciudadanas y
facilitan la suma de apoyos. Es el caso, por ejemplo, de la página
Change.org (la antigua Actuable) especializada en la lucha por causas
políticas y sociales.
Similares ideales dice mantener Avaaz.org, una plataforma que ya ha
aglutinado más de 17 millones de miembros en todo el mundo. Otras, como
petitiononline.com o peticiones.es están especializadas en la recabación
de firmas de apoyo a causas.
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