El Gobierno limitará por ley el plazo máximo de las hipotecas a 30 años
Los jueces tendrán potestad para reducir las deudas que les quedan pendientes a las familias víctimas de desahucios por impago de la hipoteca si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda gracias a los nuevos cambios legislativos que el Gobierno quiere introducir a través del decreto de medidas urgentes que está debatiendo el Congreso. Además, según ha adelantado el ministro de Economía, Luis de Guindos, se reformará la ley hipotecaria para limitará los intereses de demora que se pueden aplicar a estos créditos e instaurará un tope de 30 años de plazo máximo para conceder hipotecas sobre la vivienda habitual.
Guindos ha hecho estos anuncios durante su intervención ante Cámara para defender el proyecto de ley de Medidas Urgentes par reforzar la protección a los deudores hipotecarios donde ha avanzado los cambios que el PP propondrá durante el plazo de enmiendas parciales para este proyecto de ley. El objetivo, ha defendido, es "mejorar la normativa porque la dramática situación que atraviesan muchas familias españolas merece el mayor esfuerzo y entendimiento de todos".
En este sentido, se reformará la Ley Hipotecaria y la regulación del mercado hipotecario para "equilibrar la posición de las partes" respecto de asuntos como las exigencias de cláusulas, tasaciones e intereses de demora. En concreto, se limitarán los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero para "evitar el crecimiento desorbitado de la deuda y facilitar que los deudores hipotecarios puedan afrontar el pago".
Además, se "reforzará la independencia" de las sociedades de tasación con respecto a los bancos, limitando la presencia de éstos en el accionariado de las sociedades —que se reducirá del 25 al 10%— y se "endurecerán los supuestos de infracción". Las entidades de crédito tendrán asimismo que "aceptar cualquier tasación homologada de un bien que aporte el cliente" y el incumplimiento de este precepto será sancionable, lo que "incrementará la competencia y objetividad del mercado de las tasaciones".
El Consejo de Consumidores y Usuarios y otras autoridades administrativas estarán facultadas además para "requerir al Banco de España que inicie un procedimiento sancionador contra una tasadora".
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