20130127

Indultos sin transparencia y bajo sospecha


Indultos sin transparencia y bajo sospecha
  • El Ministerio de Justicia guarda en una caja fuerte los indultos que tramita para evitar filtraciones que alarmen a la sociedad
En España no existen datos oficiales accesibles que muestren las cifras reales de indultos concedidos y resulta difícil comprobar el uso que hace el Gobierno de ellos. Un ex alto cargo del Ministerio de Justicia explicó a Levante-EMV que la falta de transparencia se debe a que el Gobierno quiere evitar a toda costa que su concesión genere alarma social. La opacidad llega a tal extremo que el Ministerio de Justicia guarda en una caja fuerte las medidas de gracia que tramita para evitar filtraciones que alarmen a la sociedad. La injerencia que suponen los indultos en las decisiones de los jueces se presta a la suspicacia, especialmente en los casos en los que los beneficiados son políticos como el exvicepresidente del Consell Luis Fernando Cartagena.

El portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, advierte de que una vez que se analizan los indultos «se ve el alto porcentaje que representan los concedidos a cargos públicos y funcionarios». Jueces para la Democracia considera «preocupante» la revelación que hizo Levante-EMV sobre las conexiones entre el despacho que ha defendido al conductor kamikaze condenado a 13 años indultado y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El colectivo lamenta que la medida de gracia «se está convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a sí mismo».

La Universidad de Alicante ha querido arrojar luz sobre la opacidad de los indultos y está realizando un estudio que alerta de la falta de transparencia. La investigación, que está siendo dirigida por el catedrático de la Universidad de Alicante Antonio Doval, revela que «no existen datos oficiales accesibles que permitan conocer el número y el alcance de los indultos concedidos y a qué criterios se atiende para obtener la medida de gracia». Doval explicó que cuando iniciaron la investigación, que está financiada por la Universidad de Alicante y la Generalitat, pidieron sin éxito al Ministerio de Justicia información sobre los indultos concedidos. «No se nos proporcionó ningún dato. No sé a qué se debe esa falta de transparencia», aseguró.

La investigación, que se ha centrado en los indultos de los Gobiernos de España entre los años 2000 y 2008, señala que los Ejecutivos del Partido Popular han concedido más que los del PSOE. El estudio indica que en diciembre de 2000, el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes firmó en un solo día 1.333 indultos. Acebes justificó la medida por el cambio de milenio, la celebración del año jubilar y el 25 aniversario de la coronación del rey.

Entre los indultos aprobados el año pasado por el Gobierno están el concedido a Josep Maria Servitje, un ex alto cargo de Convergencia i Unió de Jordi Pujol sentenciado a cuatro años y medio por corrupción, y el de los dos militares condenados por falsear la identidad de los fallecidos en el Yak 42.

El avance del estudio que está realizando la Universidad de Alicante apunta que las provincias con más perdones son las de Madrid y Barcelona, y que Valencia está en la decimocuarta posición. Los delitos más perdonados por número son los de tráfico de drogas, seguidos de los cometidos contra la Administración Pública. Sin embargo, porcentualmente los indultos por delitos contra la Administración Pública (que son los que castigan la corrupción) representan un porcentaje más elevado. Además, porcentualmente se indulta más a mujeres que a hombres.

Antonio Doval considera que el problema de fondo es la utilización que se está haciendo de la ley. «Falla que existe una tendencia a la aplicación partidista. Lo más escandaloso es el uso que se hace del indulto», apuntó.

Dentro del Ministerio de Justicia, la decisión final sobre la concesión de un indulto es potestad exclusiva del ministro. El condenado que quiere lograr el indulto presenta su petición y el Ministerio pide a los jueces que han dictado la condena, a la Fiscalía y a Instituciones Penitenciarios que emitan un informe. Los dictámenes de los jueces, fiscales y de la prisión no son vinculantes. El indulto se debate en el consejo de ministros, pero tampoco hace falta que se apruebe por mayoría.

Una ley de 1870 regula su concesión

Cualquier reo condenado con sentencia firme puede ser indultado. La ley que los regula fue promulgada el 18 de junio de 1870 y se trata de una medida de gracia que otorga el rey a propuesta del Gobierno tras su deliberación en el Consejo de Ministros. Los indultos los presentan los propios condenados y en muchas ocasiones van acompañados por recomendaciones de los ayuntamientos y las parroquias. El tiempo medio de resolución es de más de dos años. El abogado Manuel Mata explicó que cada año se tramitan de media más de 300 indultos y advirtió de que es extrañísimo el concedido al conductor kamikaze. r. ferrando valencia

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