Botella pide al Gobierno que no le quite el Samur y los servicios de atención primaria
A la capital de España no se le puede poner el mismo traje que a un
Ayuntamiento de 5.000 habitantes. Madrid tiene particularidades, y hay
servicios que tiene que seguir prestando”. Hasta ahí llegó la semana
pasada la alcaldesa, Ana Botella (PP), en su defensa de las competencias
locales que el Gobierno central (PP) pretende traspasar a las
comunidades autónomas. Preguntada qué servicios dará batalla, sólo
especificó uno: el Samur. Esta mañana, en el pleno municipal, ha añadido
otros: los servicios sociales de atención primaria. Para la oposición,
no resulta suficiente; por eso, tanto socialistas como IU exigen a
Botella que retenga todas las competencias municipales ahora en
cuestión.
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, le ha exigido que
“influya” en el Gobierno, “aunque eso signifique ir en contra de su
partido”, para desactivar “este ataque frontal al municipalismo”, que
supone "un desmantelamiento del sector público”. En su opinión, el plan
del Gobierno "disminuye el papel de los Ayuntamientos como instrumento
básico de la democracia y la cohesión social, y los vacía de
competencias propias como Administración de proximidad". Lissavetzky ha
añadido: "Habrá menos servicios y serán más caros. Estos recortes van a
aumentar el sufrimiento de los más débiles. Es una contrarreforma, una
involución. Usted no tiene que acatar esa ley, pelee, pónganse el gorro
de alcaldesa y quítese el gorro de militante del PP".
Botella le ha echado en cara que el PSOE no haya llegado a un acuerdo
con el PP sobre este proyecto, y que durante los casi ocho años de
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) no "hiciera nada"
para desarrollar un nuevo modelo de financiación local. Y ha concluido:
"Lo importante no es qué Administración presta el servicio sino cómo se
presta. Lo público lo pusieron ustedes en peligro con la quiebra en que
dejaron a los españoles. Yo tengo el gorro de alcaldesa, se lo aseguró".
El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha cifrado en más de 600
millones de euros las competencias que pasarán de los Ayuntamientos de
la región a la Comunidad. “Si el Gobierno regional no inyecta los
recursos necesarios, estaremos hablando de recortes puros y duros. Con
el espíritu de esta reforma no hacen falta ni Ayuntamientos ni
alcaldesas ni alcaldes; basta con abrir ventanillas en algunas oficinas
de las comunidades autónomas”, ha dicho. Y ha añadido: "Racionalizar
para el PP significa menos servicios públicos, menos igualdad y más
injusticia social. Un Ayuntamiento es una entidad política; las
funciones a las que lo quiere reducirlo este proyecto, recoger la basura
y poco más, podría hacerlas una empresa. Se pretende recentralizar el
Estado, es decir, hacerlo menos democrático. Los Ayuntamientos han
puesto en practica esos servicios por responsabilidad política, y ahora
se lo quieren quitar por irresponsabilidad política".
Botella le ha respondido: "Comparto los objetivos del Gobierno: una
Administración, una competencia. Lo más importante es hacer sostenibles
económicamente esos servicios en el tiempo, y parece claro que las
políticas anteriores de los últimos años, y no vamos a decir de quiénes,
no lo han hecho. No se puede tratar igual a un pueblo de 300 habitantes
que a la capital de España. Trabajaré en la mejora de la ley, para que
los madrileños reciban los mejores servicios por la Administración que
se considere más adecuada, y sean sostenibles. Fortaleciendo a los
municipios se fortalece la unidad de España".
El pasado 15 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto
de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local,
al que aún le queda mucho camino antes de su validación definitiva y su
tramitación parlamentaria, pero que ya ha enseñado los dientes a los
Ayuntamiento. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 1985,
considera como competencia local “la prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social”. En nuevo texto traslada
esta labor a las comunidades autónomas, y deja a los Ayuntamientos sólo
“la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social”.
El traspaso se tendría que hacer en un año a partir de la entrada en
vigor de la ley. El Gobierno regional podría delegar esas funciones en
los Ayuntamientos, pero tendría que poner el dinero. La Comunidad, en
declaraciones a EL PAÍS, ya ha avisado: “Si el dinero no lo pone el
Estado, nosotros no lo vamos a poner. ¿Acaso pretenden la asfixia de las
autonomías? Esta reforma, tal cual está, significa que los ciudadanos
van a perder servicios. Y las comunidades asumirán la culpa?”.
El presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales asciende en 2013
asciende a 1.249 millones de euros. ¿Cuánto supondría aglutinar el gasto
municipal? Las principales ciudades de la región por población son
Madrid (3.213.000), Móstoles (206.000), Alcalá (204.000), Fuenlabrada
(199.000), Leganés (184.000), Getafe (169.000), Alcorcón (169.000),
Parla (121.000), Torrejón (116.000) y Alcobendas (110.000). Suman 4,7
millones de personas, el 72% de la población de la región. Tomándolas
como referencia, se puede aproximar el gasto adicional de asumir los
servicios sociales municipales. Encabezados por la capital, donde más de
50.000 personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con
asistencia telefónica, estas ciudades suman 530 millones de euros en
esta área. Asumir esa cantidad supondría un aumento del 42% sobre el
presupuesto regional de asuntos sociales.
Pero el traspaso de competencias no se limita a los servicios sociales,
sino que afecta también a las emergencias sanitarias y las escuelas
infantiles, dos competencias en principio regionales que los
Ayuntamientos, y singularmente el de la capital, han desarrollado en los
últimos 30 años sin cobertura normativa. El Gobierno pretende que tanto
las escuelas infantiles como el mantenimiento y vigilancia de todos los
centros educativos pase al Gobierno regional.
La partida regional para Educación Infantil, Primaria y Especial es de
1.390 millones de euros. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con
una oferta de 7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las
concertadas. Su partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones.
Los diez municipios con mayor población suman un gasto total en esta
área de 90 millones. A esta cifra habría que sumar el coste de la
vigilancia y mantenimiento de todos los centros escolares.
Respecto al Samur, que el Ayuntamiento pretende defender incluyéndolo en
sus competencias de Protección Civil, el acuerdo tácito entre ambas
Administraciones pasaba hasta ahora por mantenerlo en manos municipales y
extender sus labores al interior de las viviendas (hasta ahora, sólo
actuaba en la vía pública); el Summa regional se concentraría así en dar
servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es de 47
millones de euros. Perder ese servicio supondría un fuerte daño político
para el Ayuntamiento. De ahí que Botella quiera defenderlo a capa y
espada.
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