Sus demandas colectivas, aprovechadas por los abogados de la banca para taponar las demandas individuales.
Las actuaciones llevadas a cabo por Adicae en materia de consumo bancario –cláusula suelo, preferentes, dación en pago– están facilitando la defensa de las entidades bancarias y perjudicando los intereses de los clientes.
Las actuaciones recientes de Adicae ponen cada vez más en duda su carácter de asociación que defiende los intereses de los consumidores. Una asociación, presidida por Manuel Pardos, que fue condenada en 2008, por el Tribunal Supremo, a devolver más de medio millón de euros en subvenciones declaradas ilegales (ver recuadro en esta página).
Tras recuperarse de este duro golpe económico –que amenazó a su supervivencia–, la asociación ha llevado a cabo una política errática que obliga a preguntarse si realmente está del lado de los consumidores o del de la banca. Hay varios ejemplos.
CCU
La asociación que preside Manuel Pardos recibió, entre octubre de 2006 y febrero de 2007, un total de 526.205,46 euros, en concepto de subvenciones, que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo (sentencia de 7/02/08), para el apoyo y asesoramiento de los afectados de Afinsa y Fórum. Adicae tuvo que devolver esa cantidad, más las subvenciones de los años 2008 y 2009, recibidas de manera irregular al no haber procedido, en aquel momento, a la devolución de las subvenciones declaradas ilegales.
Adicae pertenece al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) del Instituto Nacional del Consumo. Un grupo de asociaciones autodefinidas como ‘más representativas’, a quienes se ha otorgado legitimidad –y subvenciones– negadas a otras asociaciones de larga trayectoria y probada eficacia en la defensa de los clientes, como Ausbanc.
Desde el CCU no se ha hecho ni una sola declaración, ni se ha adoptado medida alguna para combatir las malas prácticas bancarias que han proliferado en estos últimos años –permutas, preferentes, cláusula suelo, comisiones abusivas...–. Las apariciones públicas de su presidenta son esporádicas, y casi siempre referidas a cuestiones políticas.
Demandas colectivas
Se suele decir que equivocarse una vez es un error; dos veces es una torpeza; y tres veces es una elección. Pues en el caso de Adicae, la presentación de demandas colectivas en nombre de afectados por la comercialización engañosa de productos tóxicos –permutas o participaciones preferentes–, o por la imposición de cláusulas abusivas –suelo– constituye una elección.
La asociación ha optado por este mecanismo en varias ocasiones, ninguna de las cuales ha salido adelante.
La última demanda colectiva –en nombre de afectados por las preferentes de NCG–, ha sido rechazada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Galicia.
Según el magistrado, “Adicae carece de legitimación para el ejercicio de las acciones colectivas restitutoria (...), indemnizatoria, por daño moral, y de enriquecimiento injusto, puesto que la decisión sobre las mismas no puede ser colectiva, sino que exigiría, mediante el ejercicio de las oportunas acciones individuales, el análisis, también individual, de los distintos contratos”.
Es decir que, como defiende Ausbanc, los casos de preferentes deben tramitarse mediante demandas individuales, ya que cada caso es diferente. Los clientes de Adicae, después de haber pagado la cuota exigida, se han quedado a verlas venir.
Cláusula suelo
En el caso de la demanda colectiva contra un centenar de entidades financieras que aplican la cláusula suelo, los clientes tampoco han salido beneficiados. Más bien lo contrario: esta ‘macrodemanda’ –de gran complejidad técnica por la cantidad de entidades demandadas, muchas ya absorbidas o fusionadas– ha sido aprovechada por los abogados de las entidades para solicitar la suspensión de los procesos individuales hasta que se resuelva la demanda colectiva. En la práctica, esto ha bloqueado numerosas demandas: el Juzgado Mercantil de Huelva, por ejemplo, suspendió tres juicios, tras sendas demandas de Ausbanc contra Cajasol.
Es decir, que la demanda ha ejercido de ‘tapón’ en el resto de procesos individuales. Una estrategia que, en la práctica, ha beneficiado a la banca.
El extraño caso de la delegación de adicae en Extremadura
Abogados de Adicae desaconsejan ir a juicio
En enero de 2011 comenzó a anunciarse en Cáceres (ver carta) una asociación llamada ‘Grupo de Consumidores Afectados Cláusulas Suelo Caja Extremadura’, cuyo objetivo era “la eliminación de nuestras hipotecas de la cláusula que establece unos intereses mínimos a pagar”, por medio de una demanda. En la información que facilitaban a los interesados por e-mail, abrían la puerta a una negociación con Caja Extremadura, y explicaban las ‘dificultades’ de la reclamación judicial. A quienes manifestaban su intención de sumarse, les remitían, desde la misma dirección de correo electrónico, un mensaje del despacho de abogados Pita & Broncano con las instrucciones para la contratación, que incluían otorgar un poder para pleitos ante notario, a favor de los abogados de Cáceres Carmen Piedad Pita Broncano y Carlos Arjona, este último, Coordinador de Adicae en Extremadura. Como reveló en su momento MD, Pita Broncano era profesora de la Universidad de Extremadura, donde tenía como compañero a Carlos Ongallo, entonces director de Obra Social y RR II de Caja Extremadura. Desde MD nos preguntamos si esta maniobra podría ser una ‘pinza’ para desactivar demandas contra Caja Extremadura, por medio de una negociación, mientras, a escala nacional, Adicae demandaba a decenas de entidades por la ‘cláusula suelo’
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