desastre tras desastre, pero nunca hay responsabilidades.. disfruten lo votado..
Bankia se convierte en dueña del Valencia tras anular un juez el aval de la Generalitat
Vuelta al pasado. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Valencia ha triturado el actual panorama accionarial del Valencia CF,
al dictar una sentencia por la cual queda anulado el aval que hace
cuatro años concedió la Generalitat Valenciana a la Fundación. El fallo
judicial indica el «cese inmediato de dicha actuación hasta la
reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval
por el Instituto Valenciano de Finanzas».
Es decir, salta por los aires el ya complicado escenario en el que
actualmente se estaban moviendo Generalitat y Bankia, con el crédito
impagado por la Fundación como caballo de batalla. La consecuencia
directa de la sentencia es que el gobierno valenciano queda liberado
drásticamente del aval, lo que supone un bálsamo para las arcas públicas
teniendo en cuenta que todavía están pendientes de pago 81 millones de
euros, con los correspondientes intereses (en total la cifra rondaría
los 100 millones hasta 2015), toda una losa económica después de haber
tenido que abonar 4,8 millones precisamente por los intereses de 2012.
Y la otra consecuencia es que Bankia pasa a ser de facto la nueva dueña
del Valencia, ya que tras la anulación del aval del Consell no tiene más
garantía que las acciones de la Fundación (70% de la propiedad).
El fallo supone un inesperado retorno al verano de 2009, fecha en la que
el IVF dio el visto bueno a avalar el préstamo inicial de 75 millones
de euros (luego hicieron falta otros 6 millones más al no poder hacer
frente la Fundación al primer pago de intereses). En aquel momento el
Valencia sólo había podido colocar en la primera ronda de la ampliación
de capital social 18 millones de euros de los 92,4 que se pusieron a la
venta en total. El objetivo de esta ampliación (que debía completarse en
su totalidad para ser válida), era por un lado evitar con la inyección
económica caer en concurso de acreedores y, al mismo tiempo, taponar el
intento de acceso de Inversiones Dalport al club.
Los títulos que se quedaron sin vender tras esta fase inicial no fueron
puestos en el mercado en una segunda etapa para el público general, pese
a que así se llegó a planificar en un primer momento. Los compró en
bloque la Fundación en una operación puesta en entredicho judicialmente
por algunos accionistas. De hecho, se impugnó la ampliación en 2010 en
el juzgado de lo Mercantil pero fue desestimada.
Otra querella en marcha
Mucho más reciente ha sido la presentación de una querella, que sigue en
proceso, por parte de Andrés Sanchis contra Manuel Llorente, José Luis
Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles basándose en supuestos delitos de
estafa, malversación y delito societario al creer que de una forma u
otra «maquinaron una operación para permitir a la Fundación que se
quedara con ese gran paquete de acciones».
Pero ha sido ahora cuando un grupo de socios valencianistas ha
conseguido dar el mayor revolcón en la historia de la entidad y agitar
todavía un poco más la ya de por sí nerviosa situación social. Estos
socios aspiraban a ejercitar su derecho de suscripción preferente de las
acciones que sobraron después de aquella primera oferta de ampliación.
Al quedarse con las ganas porque no pudieron acceder a ninguno de los
títulos, iniciaron en marzo de 2010 un litigio que tres años después ha
acabado dándoles la razón, si bien cabe la opción de que el Instituto
Valenciano de Finanzas presente un recurso de apelación.
A la hora de argumentar la sentencia, la magistrada-juez ofrece
argumentos para fundamentar su impactante escrito. En primer lugar
considera que la operación por la que el IVF avalaba no sólo era
gratuita sino que, además, entrañaba ciertos riesgos. Dictamina la juez
que de haber sido aplicados los límites a la concesión de ayudas por
parte de la Generalitat Valenciana prevenidos en la Ley de Hacienda
Pública Valenciana, nunca se hubieran podido asumir dichos riesgos.
Se excedieron los límites
Al respecto especifica que el acuerdo que se adoptó excede los límites
establecidos por la Comisión de Inversiones del IVF, que era el órgano
competente. Recuerda una circunstancia que ha resultado obvia en los
últimos meses, como es el hecho de que no consta que la Fundación «haya
acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con que
hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni
siquiera con qué atender al principal prestado por Bancaja y avalado por
el Instituto Valenciano de Finanzas». En su día, la primera intención
era que el Valencia fuera inyectado a la Fundación en concepto de
donación anual más o menos el dinero que hiciera falta para pagar los
intereses. La amenaza de cometer una asistencia financiera ilegal echó
abajo todo el plan y empezaron los problemas.
Pero va incluso más allá a la hora de explicar que no se siguió el
camino correcto. En la sentencia se viene a decir que correspondía a la
Comisión de Inversiones evaluar si la operación estaba sujeta o no a
control de Defensa de la Competencia, y no en cambio al propio IVF ni a
la Generalitat Valenciana.
Por si fuera poco, se centra también en el hecho de que se «prescindió
absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes
autoridades europeas», saltándose así un requisito importante. «Resulta
evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca
podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino
cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por
él», se destaca en un apartado del escrito de la magistrada.
De hecho, en la sentencia se incluye que sin prescindir total y
absolutamente de las reglas del procedimiento, las irregularidades y sus
efectos son tales que hay que calificarlo como una actuación
administrativa desproporcionada, no respaldada en forma legal por el
procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación.
El varapalo recibido es contundente. Ni Manuel Llorente como presidente
del club, ni José Luis Olivas como presidente entonces de Bancaja, ni
Gerardo Camps en representación de la Generalitat, ni tampoco Társilo
Piles como máximo responsable de la Fundación podían imaginar en aquel
agosto de 2009, cuando se anunció por todo lo alto este 'rescate', que
años después se iba a llegar a esta situación.
En estos momentos cabe incluso la posibilidad de que el banco inicie un
nuevo camino judicial para exigir responsabilidades ante este
desaguisado. Bankia podría encargar a sus servicios jurídicos si hay
argumentos suficientes para pedir posibles responsabilidades
patrimoniales a aquellos que de alguna forma u otra, ya sean
representantes administrativos o incluso los mismos dirigentes de la
entidad, participaron en los acuerdos de 2009.
En este sentido, desde que se supo que la Fundación, al no poder sacar a
la venta las acciones, tenía una incapacidad manifiesta para poder
pagar los intereses generados, en cada reunión del patronato se
planteaba la misma duda. Querían saber los patronos hasta dónde podía
llegar su participación en la Fundación en caso de que finalmente se les
exigiera algún tipo de responsabilidad. Un documento firmado por
Bancaja les liberaba de cualquier tipo de situación personal.
La hoja de ruta, desfasada
De cualquier forma, todo adquiere una tonalidad diferente a partir de
estos momentos. Si el Consell había decidido que fuera la Fundación la
que siguiera poseyendo formalmente las acciones, Bankia puede adoptar
algo parecido. Es lógico pensar que entre Generalitat y banco se intente
llegar con celeridad a un acuerdo para evitar la sensación de
desbarajuste accionarial. Aun así, está más presente que nunca el deseo
de encontrar un inversor que alivie las necesidades económicas de unos y
de otros.
Císcar lanzó el viernes un mensaje contundente a Bankia en un descarado
intento de presionar a la entidad para que fuera «sensible con los
valencianos». Al vicepresidente y al conseller Máximo Buch les ha tocado
confeccionar (la promesa fue tenerla antes de Fallas) una hoja de ruta
para ir salvando los intereses y la devolución de esos 81 millones de
euros. Císcar siempre ha mantenido que la Generalitat quería aonar la
mínima cantidad.
De manera paralela, Llorente se encuentra con que tiene que llegara un
acuerdo con Bankia antes del 26 de marzo por los 200 millones de euros
que tiene que devolver el Valencia. Aunque parezca sorprendente, es
curioso cuanto menos que Bankia sea en estos momentos el 'dueño' del
club y que se deba a sí mismo un buen puñado de millones.
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