Cuesta se autoinculpa y tira de la manta del caso Emarsa

Cuesta se autoinculpa y tira de la manta del caso Emarsa

El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, se autoinculpó ayer de varios delitos relacionados con el saqueo de la depuradora de Pinedo y explicó al juez quiénes habrían urdido las tropelías por las que se han distraído más de 25 millones de euros, según fuentes cercanas al caso. Según las mismas fuentes conocedoras de la denuncia, Cuesta reconoció el cobro de comisiones y explicó al juez que el fraude realizado en el tratamiento de lodos fue impulsado en estrecha colaboración por los dirigentes de Emarsa y de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

Según diversas fuentes jurídicas, Cuesta acudió ayer a declarar antes el juez y la fiscal del caso para declararse culpable y tirar de la manta. En un principio no estaba prevista su declaración, pero las mismas fuentes confirmaron que acudió por sorpresa con su abogado y se entrevistó con los investigadores. Cabe recordar que el letrado del exgerente de Emarsa deja hoy su defensa y éste tendrá que recurrir a la justicia gratuita para poder continuar con todas las garantías procesales.

Fuentes conocedoras del caso explicaron que Cuesta avaló la teoría que el juez del caso tiene sobre el fraude relacionado con el tratamiento de lodos. El exgerente, según las mismas fuentes, señaló que fueron el expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises, Enrique Crespo; el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, y el exjefe de Explotaciones de esta entidad dependiente de la Generalitat, Ignacio Bernácer, los que urdieron junto a él la trama y con los que se habría repartido las comisiones. El jefe de Medioambiental de la depuradora de Pinedo, Adolfo Polo, y los empresarios José Luis Sena y el fugado Jorge Ignacio Roca Samper habrían sido colaboradores necesarios.

En este sentido, Cuesta habría avalado el modus operandi desentrañado por el juez instructor. Según el magistrado, los dirigentes de la Epsar y Emarsa firmaron un convenio de financiación por el que se le daba validez legal a un fraude. El contrato de colaboración justificaba que Emarsa debía pagar a 42 euros la tonelada de lodo tratado, cuando en realidad el coste era de 18. La diferencia de dinero entre el precio real y el abonado se la repartían los dirigentes de Emarsa y la Epsar y los empresarios implicados. Los pagos, como confirmó ayer el exgerente, los recibieron él, Crespo, Morenilla, Bernácer, José Luis Sena y Jorge Ignacio Roca.

Las empresas de Jorge Ignacio Roca son las que recibían el dinero de Emarsa y las que contrataban a la sociedad que en realidad hacía el trabajo, que según la secretaria de Cuesta también estaría compinchada. El dinero defraudado se repartió de dos maneras. Primero, mediante tarjetas de crédito a nombre de las sociedades pantalla de Roca y que se entregaban a cada uno de los cabecillas de la trama con el número pin para que retiraran el dinero.

Pasado un tiempo, el capital público distraído se repartía en sobres con billetes entre los imputados. Fuentes conocedoras del caso explicaron que Cuesta dijo que él llevaba el dinero a partes iguales a cada implicado.

Varias fuentes jurídicas explicaron que Cuesta mostró ante el juez su arrepentimiento y que colaborará en la instrucción para que los investigadores conozcan la verdad.

Además de la trama de lodos, las mismas fuentes jurídicas explicaron que el exgerente de Emarsa habría reconocido otro fraude, pero esta vez a través de las obras en la depuradora de Pinedo. En este caso, el juez también ha venido revelando el modus operandi y Cuesta lo habría ratificado punto por punto. En este caso, los implicados son él mismo, el director financiero de planta, Enrique Arnal, y el exinformático, Sebastián García Martínez «Chanín».

En este caso, y según ha venido revelando la investigación, las empresas de «Chanín» habrían cobrado más de seis millones de euros por obras, reformas y venta de material informático a Emarsa. Muchas de estas actuaciones no se habrían realizado o se habrían hinchado las facturas. El dinero defraudado se lo habrían repartido Cuesta, Arnal y el exinformático. Las empresas habrían obtenido los contratos mediante concursos públicos ficticios, según ha denunciado el juez en varias ocasiones.

Con esta autoinculpación, el exgerente de Emarsa deja en una muy mala situación a los otros imputados a los que señala. Además, anuncia que seguirá colaborado, lo que puede ayudar a poner punto y final a uno de los casos más complejos que se instruyen en Valencia hoy en día. Faltará ver como responden algunos de los implicados que Cuesta acusa y las nuevas imputaciones que se puedan producir.

La única incógnita que continúa pendiente de ser despejada es el empresario fugado, Jorge Ignacio Roca Samper. Su mujer, María Águila Aladrén, se encuentra en prisión y sólo ha revelado la forma de defraudar, pero no su paradero. Acabaría de poner la puntilla a este caso.