El Estado decidirá los sueldos de los jefes de policía local, arquitectos, técnicos o jardineros municipales
Establecerá un límite máximo y mínimo de la retribución básica, la
complementaria y los pagos en especie. La FEMP quiere que se aplique a
las Comunidades el límite de diputados con dedicación exclusiva y, por
tanto, con sueldo, así como el número máximo de asesores. Los alcaldes
vaticinan una guerra abierta municipios-comunidades por la financiación
de las competencias impropias.
Desde el alcalde al último funcionario municipal. Será el Gobierno
central el que decida no sólo qué retribución reciben los regidores y
los interventores, tesoreros o secretarios de los entes locales, que
pasarán a tener habilitación nacional y a depender de la Comunidad
autónoma o del Estado, sino de todo el elenco de funcionarios lo que
incluye a los jefes de policía local, a los arquitectos a los técnicos y
hasta al personal de mantenimiento o los jardineros en caso de que
estos servicios no estén externalizados.
Montoro no quiere que nadie de los entes locales escape a su control y
así queda claro en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. A fin de cuentas es una supervisión que no puede
ejercer, por cuestiones competenciales y estatutarias, sobre las
Comunidades Autónomas pero sí sobre los municipios, salvo en el caso de
aquellos gobiernos regionales que han acudido al Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA). El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas
tiene la llave de la caja y eso supone pérdida de autonomía, por eso
comunidades como la de Madrid o Extremadura, gobernadas por el PP, se
resisten a llamar a su puerta.
Pero en el caso de los ayuntamientos ha entrado con plenos poderes y la
disposición adicional tercera en su punto cuarto establece que serán los
Presupuestos Generales del Estado los que establecerán “un límite
máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda
percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de
ellas dependientes en función del grupo de clasificación profesional
así como de otros factores que se puedan determinar” en las Ley de
Presupuestos. Esto afecta a las retribuciones básicas, a las
complementarias y a las que se pagan en especie, que computarán a
efectos de cumplir los límites de la cuantía máxima de la retribución
total.
Que se apliquen la lección las Comunidades
Los entes locales han asumido la intervención del Estado después de una
larguísima negociación del anteproyecto de la Ley a cambio de quitarse
de encima las competencias impropias, que se llevan hasta un 25 por
ciento de su presupuesto anual. Pero la FEMP cree que parte de las
imposiciones que se van a aplicar a los entes locales deberían
trasladarse a las Comunidades, como el límite de diputados regionales
con dedicación exclusiva, de modo que no cobren todos, sino sólo los
“liberados”, así como en el número de asesores.
Con la reforma Montoro el, 82 por ciento de los concejales de los 68.285
que hay en toda España, no tendrán sueldo. Sólo 12.188 cobrarán. Pero
es que además, el personal eventual que puede contratar cada
administración local “no podrá exceder de su número de concejales,
diputados provinciales o, en general, electos, según corresponda” salvo
en las poblaciones de más de 500.000 habitantes, donde será inferior al
0,7 de la plantilla municipal. Los municipios de menos de 5.000
habitantes no tendrán asesores; los de entre 5.000 y 10.000, sólo uno;
entre 10.000 y 20.000 habitantes, dos, y los de entre 20.000 y 50.000,
siete. El número de personal de libre designación de los ayuntamientos
que tienen entre 50.000 y 75.000 vecinos no superará a la mitad de los
concejales, mientras que los de entre 75.000 y 500.000 no podrá superar
al del total de la corporación municipal. En total, según los cálculos
de Montoro, se reduce a 6.489 el número total de asesores municipales en
España.
Los alcaldes vaticinan una guerra abierta ayuntamientos-Comunidades.
Algunos presidentes autonómicos como el de Madrid o el de Cantabria,
Ignacio González e Ignacio Diego, respectivamente, ya han dicho que no
podrán asumir el gasto de algunas competencias que les corresponden, con
lo que desde la FEMP temen “un frente común autonómico” para pedir a
Hacienda que dé marcha atrás en algunos aspectos de la reforma.
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