La decisión está tomada, salvo sorpresa de última hora. El
juez del 'caso Nóos', José Castro, con el apoyo de la Fiscalía, tiene
intención, de, una vez acabada la instrucción del sumario antes del
verano, remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valencia (TSJCV) en la que pedirá a ese órgano que
instruya una causa por prevaricación contra la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, el expresidente Francisco Camps y, al menos, otros cuatro
altos cargos de las administraciones de esa comunidad.
Según han desvelado diversas fuentes del caso, tanto el
magistrado, como el fiscal Pedro Horrach, creen que hay indicios
suficientes para imputar a todos ellos por los cuatro contratos a dedo a
Iñaki Urdangarin y a su instituto Nóos entre 2004 y 2006, que
supusieron a las arcas públicas 695.403 euros.
El magistrado ha tomado esta decisión después de escuchar
el pasado febrero las declaraciones del propio duque de Palma y de su
exsocio, Diego Torres. Ambos confirmaron de viva voz que tanto los
Valencia Summits como la idea de realizar unos Juegos Europeos surgió
después de una o varias entrevistas con Camps y Barberá. A pesar de que
Rita Barberá ha venido insistiendo en las últimas semanas que ella no
firmó nada, Anticorrupción cree la adjudicación directa a Nóos de esos
eventos saltándose todas las normas de contratación pública solo pudo
ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios.
Castro, en el extensísimo auto del pasado 30 de enero en el
que aceptaba la fianza civil de 8,2 millones contra Urdangarin y
Torres, ya adelantó que los convenios firmados por el Gobierno
valenciano con Nóos "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de
vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de
beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus
miembros, al señor Urdangarin".
¿Segundo juicio?
Tanto Barberá como Camps son diputados autonómicos y gozan
de aforamiento, por lo que el juzgado de Instrucción tres de Palma de
Mallorca no puede imputarles. Una vez que se inhiba de esa parte del
sumario Nóos, serán el Superior de Valencia el que, a la vista de los
datos que le aporte el juzgado mallorquín, decida si sienta en el
banquillo a la alcaldesa y al expresidente, junto a Urdangarin y Torres,
que se verían en el banquillo por segunda vez tras pasar por la
Audiencia Provincial de Palma.
Precisamente, en las próximas semanas Castro y Horrach se
van a desplazar a Madrid para interrogar, como testigo, a un personaje
clave en una de esas adjudicaciones bajo sospecha: el estudio sobre la
posibilidad de unos Juegos Europeos, que jamás se realizaron, en la
capital del Turia, por el que Nóos se hizo con 382.203 euros, a cambio
de nada. Se trata del actual vicesecretario general de Estudios y
Programas del PP, Esteban González Pons. Hoy, Anticorrupción pidió
finalmente que se tome declaración al entonces conceller, quien firmó de
su puño y letra el convenio por el que la Generalitat valenciana se
comprometía a pagar a Iñaki Urdangarin cinco millones de euros públicos
si conseguía que Valencia albergase los Juegos Olímpicos Europeos. Este
documento data del 23 de diciembre de 2005.
También como testigo y en esa misma tanda de interrogatorios en Madrid, comparecerá José Manuel Romero,
duque de Fontao, el asesor del Rey, que supuestamente fue enviado para
advertir a Urdangarin de que debía abandonar Nóos y romper con su
antiguo socio. Fontao, cuya citación también pidió hoy Anticorrupción,
deberá explicar cuál fue su papel exacto en la constitución de la
Fundación Cultura Deporte e Integración Social, la institución
'sucedánea' de Nóos, que el duque y Torres siguieron usando para sus
negocios particulares y que sirvió de plataforma para la evasión a
paraísos fiscales.
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