El juez ve indicios de infracción penal en Jaime Caruana al frente del Banco de España
Traslada al fiscal una querella de Manos Limpias contra el
valenciano y su sucesor Ordóñez para que informe sobre si debe ser
admitida a trámite
onsumada la debacle financiera del país, el papel que en la misma ha
jugado el Banco de España ha sido ampliamente criticado. A su gobernador
entre 2006 y 2012, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se le ha reprochado,
sobre todo, la actuación de la institución en el proceso de
reestructuración, pero la expansión desenfrenada de las cajas de ahorros
y algunos bancos, como Bancaja, la CAM y el Banco de Valencia, que los
ha llevado a la desaparición y ha causado un coste desorbitado a las
arcas públicas, se fraguó en la etapa de su antecesor entre 2000 y 2006,
el valenciano Jaime Caruana. El sindicato ultraderechista Manos Limpias
presentó contra ambos el 5 de marzo una querella por los presuntos
delitos de administración desleal, falsedad de documento público y de
encubrimiento y delito societario y el juzgado de instrucción número 7
de Madrid al que le ha correspondido el asunto acordó nueve días después
abrir diligencias previas consistentes en que la fiscalía informe de si
procede admitir a trámite la querella. A la espera de esa decisión, no
obstante, el juez dice en los fundamentos jurídicos del auto que los
hechos "presentan características que hacen presumir la posible
existencia de una infracción penal".
La querella se sustenta, sobre todo, en un informe de la asociación de
inspectores del Banco de España que, entre otras cosas, concluía que "la
forma habitual de reacción ante los indicios de delito" que surgían
"con relativa frecuencia" en las labores de inspección del supervisor
"era mirar para otro lado", que la institución "alteraba las
conclusiones de la Inspección" y que fue "laxo en la política de
remuneraciones de los gestores de las entidades", además de actuar "de
forma condescendiente con la mala gestión", según la querella, que
asegura que "hubo una auténtica, consciente y voluntaria labor de
encubrimiento y hasta de cooperación necesaria" por parte de Caruana y
Ordóñez. El sindicato opina que si la supervisión hubiera sido
"imparcial y rigurosa" y se hubieran denunciado "hechos delictivos", se
habrían evitado muchas de las consecuencias "dramáticas" padecidas por
accionistas, titulares de preferentes y contribuyentes. La querella
acusa también al Banco de España de no haber hecho "nada" cuando bancos y
cajas "incumplían flagrantemente la normativa" que les impedía que un
crédito hipotecario superara el 80 % del valor de tasación porque
comprometía su solvencia, una práctica de la que alertaron los
inspectores en tiempos de Caruana.
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