España tiene más de 10.000 viviendas protegidas vacías
Más de 10.000 viviendas protegidas están vacías y
disponibles actualmente en España, mientras que 332.539 personas están
inscritas como solicitantes de pisos de protección oficial. Esta es
la principal conclusión del estudio Viviendas protegidas vacías que la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado hoy en las Cortes
Generales. Becerril insta a “acabar con el desajuste” entre la necesidad
de vivienda y el número de pisos vacíos mejorando la coordinación entre
las distintas administraciones y favoreciendo su acceso mediante
alquileres más asequibles.
El estudio establece como “vivienda protegida vacía” aquella que es
habitable, es decir, que no está en ruina; sus condiciones de seguridad,
habitabilidad y funcionalidad son idóneas y no se encuentra ocupada por
alguna persona o familia. De las más de 250.000 viviendas protegidas
gestionadas por las comunidades autónomas, 9.752 cumplirían estas
condiciones, así como al menos 427 de las que gestionan los
ayuntamientos.
Una de las principales causas de que haya
viviendas protegidas vacías, apunta el estudio, es la imposibilidad de
los compradores de encontrar financiación. También la caída de los
precios de la vivienda libre, que “en algunos casos ya resultan
inferiores a los de las protegidas”, o que la entidad pública se demore
en exceso en la adjudicación.
Los alquileres, inferiores al 30% de la renta
El Defensor del Pueblo aboga porque la Administración aumente el control
para evitar que el número de viviendas vacías continúe creciendo.
Asimismo, señala la necesidad de mejorar los registros de vivienda
protegida y reforzar la coordinación entre administraciones,
especialmente entre las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, ya
que estos últimos “tienen normalmente una información más fiable de la
situación real de las personas y su necesidad de vivienda”.
Para Becerril, la Administración debe favorecer el alquiler por encima de la venta.
En ese sentido, la institución recomienda la recalificación del régimen
de protección de las viviendas que estén destinadas a la venta hacia un
régimen de alquiler, “por razones de interés público o social”. Según la defensora, los alquileres no deberían superar el 30% de la renta de la unidad familiar.
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