leyes "a la carta", para que siga el teatro.. disfruten lo votado..
Rajoy crea un concurso de acreedores a la carta para salvar a las pymes
En unas semanas verá la luz uno de los proyectos de mayor calado
comprometido por Mariano Rajoy antes de que ganara las elecciones
generales en noviembre de 2011, la Ley de Emprendedores, una norma con
la que el Gobierno quiere animar con una mejor financiación la puesta en
marcha de nuevos negocios. Pero, sobre todo, quiere evitar que una
fracasada primera incursión en el mundo empresarial impida volver a
emprender. Es decir, regular lo que se ha venido en llamar la «segunda
oportunidad».
Coordinados por la Oficina Económica y el Ministerio de Hacienda, los
departamentos de Economía, Empleo, Justicia e Industria trabajan en una
norma que verá la luz en próximas semanas y que se apoyará en la
legislación francesa para poner en marcha un proyecto extrajudicial para
resolver los problemas de endeudamiento que llevan a una pyme a
recurrir a un concurso de acreedores para detener los pagos, levantar
los embargos y ejecuciones, y darse así un respiro para organizar su
deuda.
En la idea del Ejecutivo está que emprendedores y pymes disfruten de una
vía alternativa al concurso judicial, que sea más flexible, ágil,
sencilla y también más barata. Se trata, en definitiva, de crear un
concurso de acreedores «ad hoc» para personas físicas o pequeños
empresarios.
Si se llega a los Tribunales, el juez podrá decidir quitas en la deuda
Este nuevo concurso tendría dos etapas. Una primera será extrajudicial y
en ella la pyme o el emprendedor comenzará una negociación con sus
acreedores, pero ayudado por una nueva figura, la del mediador. Este
mediador, calcado de la legislación francesa, tendrá como misión lograr
el mejor acuerdo posible para desarrollar en un tiempo razonable, de
forma que el empresario pueda saldar sus deudas y empezar un nuevo
proyecto empresarial si así lo decide.
Entre las misiones de este mediador estará elaborar planes de pago de
deuda accesibles, a plazos razonables que permitan a ese empresario
saldarlas lo más fácilmente posible. El fin último será demostrar que el
empresario no ha llegado a esta situación por una conducta
irresponsable.
Una segunda fase vendrá si la primera fracasa. Entonces el proceso
pasará al plano judicial, en el que que, finalmente, será el juez el que
tenga la última palabra. En la idea del Ejecutivo está que los jueces
apliquen un marco legal más favorable a la pyme que incluya, incluso,
quitas y exoneraciones de deuda si se diera el caso.
Vivienda familiar, a salvo
La Ley de Emprendedores creará también la figura del «emprendedor de
responsabilidad limitada». La norma establecerá que las personas físicas
podrán ver limitada su responsabilidad por deudas derivadas de su
actividad profesional o empresarial. La novedad es que no se verán
afectados determinados bienes como la vivienda o los vehículos de uso
familiar, lo que a partir de la entrada en vigor de la ley se definirá
como patrimonio inembargable.
Esta es una vieja y recurrente petición de ATA, la asociación de
autónomos que preside Lorenzo Amor. En la actualidad, un autónomo que
emprende una actividad si fracasa responde con todo su patrimonio,
incluso con su vivienda, y con cualquier bien que esté relacionado con
su negocio, ya sean vehículos o naves. Una circunstancia que, en la
práctica, hipoteca el futuro e impide volver a retomar una actividad
empresarial.
El Ministerio de Empleo también pondrá su granito de arena en este nuevo
proyecto de Gobierno. Sus medidas van muy encaminadas a que el
emprendedor no pierda su vivienda por deudas, en este caso con la
Seguridad Social. Así, la Ley de Emprendedores incluirá aplazamientos de
hasta cinco años en el pago de las deudas por cotizaciones sociales y
condiciones «más flexibles» en las amortizaciones. Además, Empleo sopesa
ampliar de uno a dos años el plazo de subasta de la vivienda del
empresario, desde la primera diligencia de embargo. Se trata de
facilitar que el afectado pueda recuperar su vivienda cuanto antes.
Menos trabas burocráticas
Aligerar las trabas burocráticas que son necesarias en España para poner
en marcha un negocio también será clave en el proyecto que diseña el
Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por primera vez se regulará la «licencia
exprés» que permitirá poner en marcha un negocio en un plazo de 24
horas. Y, además, se podrá crear una empresa con solo un euro de capital
social, tal y como ocurre en algunos países de nuestro entorno.
La idea es que para el empresario esté prácticamente libre de cargos
administrativos para empezar. En este caso, evitar que los 3.000 euros
de capital social que ahora son necesarios para poner en pie un negocio
no sean un lastra para el empresario. Eso sí, el emprendedor deberá
aportar esos 3.000 euros una vez que eche andar la nueva empresa, por
plazos.
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