que a éstas alturas de la película, y vistos los numerosos resultados desastrosos en otros países en los que se ha utilizado ésta técnica, no se prohiba dicha barbaridad, dice mucho de la sociopatía de los que toman las decisiones.. disfruten lo votado..
El PSOE frena la declaración de Andalucía: 'Territorio libre de fracking'
Se excava un pozo, y por él se introducen millones de litros de agua a
presión mezclada con productos químicos para romper la roca del
subsuelo. Por las grietas creadas se escapan los hidrocarburos (gas y
petróleo) que a continuación son extraídos hasta la superficie. Es el
fracking, una técnica cuyos detractores crecen día a día en todo el
mundo.
Los últimos, los productores de cerveza alemanes que, según acaba de
informar la revista Der Spiegel, temen que los productos químicos
filtrados hasta los acuíferos acaben contaminando y destrozando la
pureza de las aguas con las que ellos elaboran su famosa bebida. Así que
acaban de reclamar al Gobierno alemán que prohíba su uso.
Aquí en España, la perseverancia de distintos movimientos sociales
también ha ido consiguiendo que distintos territorios prohíban el uso
del fracking, y en Andalucía también son numerosos los ayuntamientos y
diputaciones que ya se han sumado a la petición de declarar la comunidad
autónoma libre de fracking.
De hecho, Izquierda Unida, que gobierna Andalucía en coalición con el
PSOE, defiende este martes 28 de mayo en la Comisión de Medio Ambiente
del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley ( PNL) para instar al
Gobierno a sumarse, prohibir el uso de esa técnica extractiva y declarar
formalmente a Andalucía "libre de Fracking".
Aun así, la Plataforma Andalucía Libre de Fracking ( PALF), que agrupa a
los movimientos que se oponen a su uso, ha convocado una concentración
ante el Parlamento andaluz a las 13 horas, "para mostrar su apoyo,
durante el debate y votación, a la PNL que presentará IU, y defenderá
Manuel Baena, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente". Y
es que en la PALF no las tienen todas consigo.
Si bien es cierto que la mayor parte de los responsables de medio
ambiente provinciales y municipales del PSOE en Andalucía están a favor
de prohibir el uso del fracking, dentro del Gabinete de Griñán hay
discrepancias. A tenor de los vaivenes ocurridos durante la tramitación
parlamentaria de la PNL, dentro de IU, que lleva el apellido de Los
Verdes, también.
De hecho, ni siquiera está claro qué texto se va a someter a votación.
Manuel Baena, portavoz de IU en la Comisión de Medio Ambiente, tuvo que
luchar primero para conseguir que el tema no se discutiera en la
Comisión de Innovación (Consejería de la que depende la concesión de las
licencias y permisos de investigación y de extracción). Para a
continuación ver como le descafeinaban el texto, desvistiéndolo de dos
de sus cuatro resoluciones. Precisamente la que instaba al Gobierno
andaluz a que prohibiera el uso de esa técnica, y que instase a su vez
al Gobierno de Madrid a hacer lo mismo, y la que proponía declarar a
Andalucía como 'Territorio Libre de Fracking'.
En un acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento, con el acuerdo del
propio vicepresidente del Parlamento andaluz y miembro de IU, Ignacio
García, se retiraron esos dos puntos de la PNL, reduciéndola a los que
hasta entonces habían sido los puntos dos y tres (ver texto completo de
la PNL al final del artículo):
2. Instar al Consejo de Gobierno, en el marco de sus competencias y de
la normativa vigente, a la no concesión de autorizaciones para la
investigación que utilicen esta técnica.
3. Instar al Consejo de Gobierno a realizar los cambios normativos
necesarios para que la utilización de las técnicas referidas sea
considerada como una actividad y un uso del suelo prohibido en toda
clase de suelo, a efectos de planificación territorial y de aplicación
de la legislación urbanística y reguladora de las actividades.
Enmienda del PSOE
Manuel Baena, el promotor de la PNL recurrió la decisión de la Mesa del
Parlamento, pero ésta se lo denegó por escrito. Sin embargo, a última
hora de la mañana del lunes, el PSOE le comunicó su intención de incluir
una enmienda escrita al texto si IU se comprometía a apoyarla. La
enmienda, aceptada por IU, consiste en incluir la misma coletilla en los
dos puntos suprimidos. En el primero el texto propondría prohibir "la
utilización de las técnicas de fractura hidráulica … Mientras no se
despejen las incertidumbres asociadas a esta técnica extractiva".
Mientras que el cuarto punto la redacción quedaría "Declarar a Andalucía
como ‘Territorio Libre de Fracking’ mientras no se despejen las
incertidumbres asociadas a esta técnica extractiva”.
En otras palabras, no una prohibición definitiva sino una moratoria.
Justamente la posición defendida por el Consejero de Innovación, Antonio
Ávila, en el último pleno del Parlamento Andaluz, en el que propuso
crear una comisión de expertos que informase sobre la conveniencia o no
del uso del fracking.
El problema es que dicha moratoria, tal y como está planteada, no
afectaría a los numerosos premisos de investigación ya concedidos en
Andalucía a lo largo de toda la cuenca del Guadalquivir, desde Cádiz
hasta Jaén. El Gobierno de Rajoy, que se ha declarado a favor del uso
del Fracking, ha realizado cambios normativos para que una vez
terminados los estudios sobre la existencia o no de hidrocarburos en el
subsuelo, si estos son positivos, la concesión del permiso de extracción
y explotación ya sólo dependa del Ministerio de Industria. Así, una vez
concluidos los estudios en marcha (los más avanzados están en Cádiz),
en unos meses podría empezar a utilizarse el fracking en Andalucía.
"Es fundamental que la moratoria se extienda a las investigaciones en
curso. Así se podrían paralizar y al evitar que concluyan no podrían
solicitar el permiso definitivo al Gobierno de la Nación, que sabemos
que se lo va a dar", explica el diputado autonómico Manuel Baena. Y eso,
no está incluido en el texto de la enmienda. “Ni siquiera tengo claro
ahora mismo cual es el texto que se discutirá, si el que la Mesa me ha
comunicado por escrito o el original con la enmienda del PSOE”, dice
Baena, que teme quedarse a expensas de que "el Gobierno recurra al
Constitucional, ya que las competencias de medioambietne están
transferidas, o no".
La socialista Natividad Redondo, que ejerce como portavoz del Grupo
Socialista en este tema, lo reconoce: "Efectivamente, no decimos que se
paralicen los permisos ya concedidos, y, quizás, también tendríamos que
verlo". Tras pensarlo unos segundos añade, "la idea es proponerlo, lo
hemos pensado, lo hemos hablado, pero no lo hemos ultimado".
Propuesta del PP
Por su parte, Alicia Martínez, portavoz del PP en la Comisión de Medio
Ambiente, señala precisamente a todo este vaivén parlamentario de la PNL
como prueba de que es un tema complejo "que generá polemica social, y
tenemos claro que el medioambiente es el primer bien a proteger". Claro
que inmediatamente después añade que "también es verdad que estamos
convencidos de la potencialidad de los recursos de Andalucía en este
tema y de su capacidad para reducir la factura energética".
Para cuadrar ese círculo, Martínez asegura que en el debate en la
Comisión buscará el consenso: "Vamos a plantear una enmienda verbal
exigiendo que las exploraciones de fracking se tengan que realizar
dentro de las mayores garantías medioambientales, exigidas tanto por la
UE como por la legislación nacional, y teniendo en cuenta los informes
de organismos internacionales". Y, para buscar ese consenso, añade las
dos concesiones del PP andaluz que hoy por hoy no están contempladas en
la legislación que el Gobierno de Madrid y el PP nacional desarrollan
sobre el fracking: "exigiendo la obligatoriedad de una declaración
medioambiental favorable previa al desarrollo de estos proyectos, y
respetando las competencias de las comunidades autónomas".
Eso es todo lo lejos que el PP parece dispuesto a llegar. Aunque se
muestra cauta en torno a la posibilidad de apoyar al moratoria que
propone la Junta de Andalucía, lo que sí descarta categóricamente es
apoyar una de caracter retroactivo que afecte a los proyectos ya en
marcha: "Son de investigación, no de explotación ni de concesión
definitiva. No tendría sentido paralizarlos, porque iría contra la
seguridad jurídica de esos proyectos", afirma. Y recuerda que en ese
sentido el PP andaluz propone "introducir en la legislación nacional" la
exigencia de la "declaración medioambiental favorable previa" a la
concesión definitiva de la explotación.
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