Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: La modificación de las condiciones de los préstamos renta universidad (PRU)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: La modificación de las condiciones de los préstamos renta universidad (PRU)

Era el año 2007 y en plena bonanza económica el Gobierno de España decidió apostar por la educación de los jóvenes. Para ello, lanzó y publicitó ampliamente una nueva línea de financiación para personas que desearan realizar cursos de post-grado oficiales y no tenían disponibilidad económica, a través de una línea de crédito ICO con condiciones ventajosas para los solicitantes, llamada “Préstamo Renta Universidad“. Dentro de las ventajas, se incluía el interés 0 y la posibilidad de poder prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000€ (y si se mantenía así 15 años desaparecía la deuda).

Esto animó a muchos jóvenes a lanzarse a pedir dicho préstamo, con la esperanza de que sirviera para abrirse camino en un futuro nada alentador para el mundo laboral. Pero las condiciones fueron endureciéndose gradualmente en las siguientes convocatorias hasta llegar al curso 2010/2011, donde se eliminó por completo el límite de los 22.000 € de renta anual para poder prorrogar su amortización. Es decir, se debe devolver el préstamo aunque no se haya encontrado trabajo. Esta línea de préstamo se derogó pocos días antes del plazo del curso 2011/2012, dejando a muchos estudiantes de dicho año sin poder solicitarlo.

Tras todo esto, la situación para muchos de los jóvenes a los que se les concedieron los préstamos es dramática: Las cifras de paro no han dejado de subir de forma alarmante, destacando las cifras de paro juvenil y el alto porcentaje entre los titulados con máster; un paro que es responsabilidad principal del Gobierno, y cuyo aumento se ve incapaz de frenar, imposibilitando a los afectados devolver su deuda.

Es por ello, que los afectados pedimos una renegociación con en el Ministerio de Educación las condiciones de nuestros préstamos. A continuación, detallamos nuestras peticiones:

1) Que se prorrogue el periodo de carencia y amortización de los préstamos renta universitarios de todas las convocatorias hasta que el Estado no sea capaz de garantizar una tasa aceptable de desempleo juvenil, ya que es absolutamente injusto exigirnos el pago de unos préstamos que asumimos para poder tener un futuro mejor.

2) Que se paralicen los pagos de los prestatarios de convocatorias anteriores a 2010/2011 cuyos ingresos no alcancen los 22.000 anuales, independientemente de que la declaración jurada no se haya llevado a cabo pues no se especificó claramente este requisito en la publicidad del préstamo. Es más: hicieron lo posible por ocultarlo induciendo a pensar a los prestatarios que no debían aportar ninguna documentación al respecto y que sería la Agencia Tributaria quien realizaría una revisión anual. En principio ya existe la posibilidad de paralizar los pagos, concretamente a partir del 1 de julio. El problema radica en las condiciones de devolución (se aumenta la carencia, no el periodo de devolución del préstamo) y no se contempla que pasado el periodo de carencia haya personas que no hayan llegado a los 22.000. Por tanto, exigiría que se equiparen las condiciones de los préstamos anteriores al 2010/2011 (y también las de esta edición) a la convocatoria inicial. Es decir, solamente habría que empezar a pagar cuando se alcancen los 22.000 euros anuales.

3) Que las autoridades competentes asuman su parte del contrato social implícito. El Estado debe ser consciente de que vivimos una situación excepcional, que ninguna de las partes contratantes previó en el momento de firmar el acuerdo de Préstamo, pero que el Estado tiene una mayor carga de responsabilidad en no haber previsto y evitado lo sucedido. Debe reconocer que se concedieron estos préstamos sin prever que la situación económica de nuestro país llegaría a los límites de precariedad y paro juvenil actuales. Mientras estas condiciones continúen, no se puede cargar la responsabilidad exclusivamente sobre los hombros de los jóvenes.

4) La equiparación de las cláusulas del préstamo 2010/2011 a las de las ediciones 2007/2008. Es decir, que se haga frente al mismo cuando la persona deudora tenga un sueldo anual superior a los 22.000 euros.

5) Que el Gobierno y la banca lleguen a un acuerdo para que aquellos estudiantes que todavía no han podido hacer frente al primer pago producido durante mayo de 2013, no se vean desahuciados o se les impongan intereses de demora.

6) Que el gobierno atienda la recomendación de la Comisión Europea, “Youth Unemployment Package” (EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Youth employment: Commission proposes package of measures) y ponga en marcha medidas urgentes para garantizar el acceso al primer empleo de los jóvenes de nuestro país. Si esas medidas estuviesen ya en marcha, nadie estaría en la situación de no poder devolver su préstamo renta universitario.