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Orden policial para dar trato preferente a los políticos
La circular establece que si una "autoridad política, diplomática o
institucional" española o extranjera involucrada "en una infracción
penal" se persona en la comisaría los agentes han de abstenerse de
detenerle o "realizar la mínima gestión"
La Dirección General de Policía asegura que el comisario que visó la
orden aduce que en realidad su contenido se refiere solo a los
diplomáticos para evitar conflictos con otros países.
La cúpula del Cuerpo remacha que desconocía la existencia del escrito y dice que está "analizando los hechos".
El comisario jefe del distrito madrileño de Arganzuela ha ordenado por
escrito a los casi 200 agentes bajo su mando que den un trato especial a
cualquier “autoridad” española o extranjera que, involucrada en un
delito, se persone en esas dependencias policiales. La directriz llega
siete meses después de que la Policía estuviera a punto de registrar la
sede del PP tras una denuncia policial de su extesorero, Luis Bárcenas,
quien alegó que el partido le había robado sus ordenadores.
Fuentes oficiales del Cuerpo recalcaron anoche que tanto la Jefatura
Superior de Madrid como la Dirección General de la Policía ignoraban la
existencia de la circular hasta que infoLibre se la comunicó. Y que, una
vez desvelado su contenido, se están "analizando los hechos".
La circular, una copia de la cual obra en poder de este diario, aparece
redactada en papel con membrete oficial del Ministerio del Interior y de
la Comisaría de Distrito de Arganzuela. Fechada el pasado día 24 y
dirigida "para su conocimiento y difusión" a los jefes de sección, así
como a los de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, "especialmente a
la ODAC" (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano), va firmada por
el número dos de la comisaría, José Zamorano. Y muestra el visto bueno
del comisario jefe, José Ramón Murillo.
El texto dice lo siguiente: "Para conocimiento y obligado cumplimiento
se significa que cuando se persone en esta dependencia cualquier
autoridad política, diplomática o institucional (española o extranjera;
denunciante o denunciado) se dará aviso y comunicación inmediata al jefe
de la dependencia por el conducto reglamentario”.
A renglón seguido, la orden introduce el criterio de discriminación
positiva a favor cargos públicos e institucionales y diplomáticos de
cualquier nacionalidad: “Si cualquiera de esas personalidades se
encontraran involucradas en una infracción penal, se abstendrán de
actuar (detener, informar de los derechos, realizar la mínima gestión,
etc.) hasta que reciban las instrucciones de un superior”.
Los portavoces oficiales de la Policía, a quienes infoLibre pidió
conocer la versión del comisario José Ramón Murillo aseguran que, una
vez localizado, este ofreció la siguiente versión: la circular se
refería en realidad "a los diplomáticos". Y la orden nació con el
objetivo de "evitar conflictos con otros países". Cuando este diario
recordó a sus interlocutores que la circular habla expresamente de
políticos españoles a los que prohíbe detener sin comunicación previa a
los superiores del agente que esté interviniendo, la respuesta fue
escueta: el comisario Murillo dice la orden se refiere a los
diplomáticos.
"Escándalo entre los policías"
Desde otro ámbito, el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía
Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, confirmó que la circular "ha
causado escándalo" entre los casi 200 agentes en que cifra la plantilla
del distrito de Arganzuela y "entre todos los policías que la han
visto". "La ley es igual para todos. ¿Qué es eso de exigir
distinciones?", se interrogó con enfado.
Otras fuentes conocedoras del Cuerpo y ajenas al SIPE sostienen que,
aunque no consta ninguna otra instrucción escrita de esas
características, las comisarías tienen ya orden de avisar de inmediato a
sus superiores si cualquier político se presenta para interponer una
denuncia o como denunciado.
Según esas fuentes, la directriz se habría producido después de que el
extesorero del PP, Luis Bárcenas, acudiera en marzo a la comisaría del
distrito madrileño de Salamanca a denunciar el robo de los ordenadores
que utilizaba en la sede central del partido, en la calle Génova. Tras
esa denuncia, y según publicó el diario El País, la Policía se dirigió a
la sede del PP para inspeccionarla pero el plan quedó finalmente
abortado. Según el citado rotativo, el PP prohibió el paso a la Policía
tras comprobar que los agentes no llevaban orden judicial. La denuncia
de Bárcenas fue archivada.
El juez que investiga si el PP se financió ilegalmente con donaciones de
empresarios con contratos públicos ordenó luego al PP entregar esos
ordenadores, que el PP conservó tras pleitear con Bárcenas en un juzgado
civil. El partido respondió a la orden con un escrito en el que admitía
haber borrado el contenido de los dos ordenadores en plena
investigación. Según el extesorero, uno de ellos almacenaba la copia
informática de la contabilidad B del partido.
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