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Energía y poder, pasado y presente
A pesar de sus tendencias intervencionistas y totalitarias, Franco manifestó gran respeto por los intereses económicos privados, especialmente cuando las figuras destacadas de tal sector habían contribuido sustancialmente a financiar la sublevación que inició la Guerra Civil, como fueron los casos de Juan March y José Luis de Oriol, por ejemplo.
Juan March - Wikipedia, la enciclopedia libre
Oriol fue un gran empresario eléctrico; March era un potentado en el sector petrolífero que se convirtió más tarde en propietario de una de las mayores eléctricas.
José Luis Oriol - Wikipedia, la enciclopedia libre
Ambos se interesaron, sin embargo, en otros campos económicos. Cuando llegó el momento de renovar la legislación bancaria, en 1946, muchos creyeron que el régimen de Franco nacionalizaría los bancos y, posiblemente también, la electricidad, como se había hecho en Francia y, para la electricidad, en Inglaterra. Pero no fue así. Al contrario, la banca, aunque muy sujeta a lo que después se llamó “represión bancaria”, siguió en manos privadas, y haciendo pingües beneficios. Lo mismo ocurrió con las grandes eléctricas, cuyo número se iba reduciendo inexorablemente por la ley de las economías de escala. En virtud de esta ley económica, ciertas industrias de técnica avanzada, como la eléctrica, requieren producir en gran escala para ser rentables. Así, gradualmente, las mayores empresas (Iberduero, Unión Eléctrica Madrileña, Hidrola, Sevillana, Barcelona Traction, Eléctricas Reunidas, etcétera) iban absorbiendo a las pequeñas, que no podían competir en precios y calidad de suministro. Por otra parte, aunque el mercado eléctrico ya presentaba considerable complejidad (no tanta como ahora), las grandes compañías esquivaban el control de tarifas que el Estado les imponía para combatir la inflación y mostraban altos beneficios.
Esto las hizo muy interesantes para los grandes bancos: los dos bancos vascos (Vizcaya y Bilbao), el Banco de Santander, el Central y el Urquijo fueron los mayores inversores, que acabaron formando un compacto bloque de poder financiero-energético.
No fue ajena al poder y la rentabilidad de las empresas eléctricas la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a propuesta nada menos que José María de Oriol Urquijo, hijo y heredero de José Luis de Oriol. Oriol hijo fue el primer presidente de la nueva sociedad.
Lo notable de Unesa, que era una empresa privada participada por las grandes del sector, es que debía coordinar la distribución nacional del fluido eléctrico, es decir, coordinar la producción de las distintas empresas, en especial las que eran sus propias accionistas.
Como se decía en un decreto posterior (1951), Unesa asumía así, por delegación del Estado, las funciones de coordinación de la industria eléctrica nacional que normalmente hubieran correspondido a una oficina estatal, como ocurría en los países que, como Francia e Inglaterra, y más tarde Italia, habían nacionalizado el sector.
En palabras de Eduardo García de Enterría, se daba así en España el caso único de “un verdadero régimen de autorregulación por las empresas eléctricas afectadas”. Y el ya entonces complicado sistema de tarifas vigente era, en definitiva, pactado con las empresas en virtud de un sistema polinómico y unos factores adicionales que, de hecho, garantizaban una alta rentabilidad al sector.
Por otra parte, el exacerbado nacionalismo de la dictadura contribuyó a beneficiar a este bloque a expensas de los inversores y accionistas extranjeros.
El caso más sonado fue el de la Barcelona Traction Light and Power. Era esta una empresa internacional que abastecía a gran parte del mercado barcelonés y catalán, empresa a la que Juan March había echado el ojo hacía varios años, pero cuyos directivos no querían vendérsela. Con el apoyo manifiesto del Estado español, March consiguió que un tribunal declarara a esta empresa en quiebra (no tenía más problema que el hostigamiento a que la sometió el Estado) y la subastara. No es necesario decir que fue March quien la adquirió a precio de saldo en 1948 y la convirtió en Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), que décadas más tarde se fusionaría con Endesa.
Tal negocio hizo March, con esta operación que, en agradecimiento a la nación, decidió crear la fundación que lleva su nombre. Los pleitos internacionales a que este asunto dio lugar se prolongaron unos 20 años; Juan March llevaba mucho tiempo muerto cuando se publicó la sentencia final, que le dio la razón, provocando un gran escándalo.
Otro asunto parecido, aunque menos ruidoso, fue la cuasi expropiación de las acciones del banco suizo Elektrobank, propietario de un paquete de control en Sevillana de Electricidad, también con el apoyo del Estado español. Este caso hizo menos ruido porque los suizos cedieron el control y vendieron su participación, de modo que no hubo escándalo ni procesos judiciales.
Este compacto bloque de poder financiero-eléctrico fue una de las herencias que el franquismo legó a la democracia.
Han ocurrido muchas cosas desde la Transición, pero el poder de las eléctricas permanece, y constituye un serio problema económico que trasciende a la política.
Otros países de la Unión Europea, como los arriba citados, han resuelto la cuestión hace ya mucho tiempo nacionalizando una industria que propende al monopolio y es crucial para la economía del país. ¿Será esta también la solución para España?
Gabriel Tortella es profesor emérito de Historia Económica en la Universidad de Alcalá.
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