eso es mentira: "vienen a pagar las pensiones", y el que diga lo contrario es de la ETA..
disfruten lo votado..
Una condena a varios menores extranjeros obliga al Gobierno de Melilla a tener que pagar 7.800 euros
La Ciudad Autónoma de Melilla tendrá que pagar 7.800 euros en concepto
de responsabilidad subsidiaria por la condena a varios menores
extranjeros no acompañados que estaban tutelados por la institución a
pesar de que habían abandonado de forma voluntaria el centro de acogida
de la Consejería de Bienestar Social.
El portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, ha informado hoy de
esta condena por una agresión a un ciudadano, por la cual la Justicia
considera en su sentencia que la Ciudad Autónoma es responsable
subsidiaria por tener la tutela de los menores que cometieron dicha
agresión.
El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha tenido conocimiento de esta
sentencia, y también de otra similar en la que otros menores extranjeros
tutelados han sido condenados a 12 meses de internamiento en el centro
de reforma y otros seis meses de libertad vigilada, en los que la Ciudad
Autónoma tendrá que establecer los medios necesarios.
Conesa ha explicado que ambas condenas se deben a agresiones a
ciudadanos, y evidencian el problema al que debe hacer frente la Ciudad
Autónoma en el caso de un porcentaje pequeño de menores tutelados que
“se niegan a aceptar una mínima disciplina” respecto a las normas de
funcionamiento de los centros de acogida.
Estos menores “desaparecen” de los centros y prefieren malvivir en la
vía pública para intentar salir de Melilla como polizones en los barcos
que conectan la ciudad autónoma con la península, momento en que llevan a
cabo este tipo de comportamientos que son motivo de condena.
“Esa conflictividad ha terminado en el centro de reforma” y en una
responsabilidad subsidiaria por parte de la Ciudad Autónoma, según ha
lamentado Conesa, que cree que este “problema que tiene consecuencias de
tipo social” y una “trascendencia importante”.
Ante esta situación, la Ciudad Autónoma ha pedido al Gobierno central la
reforma de la Ley del Menor para que la institución encargada de la
tutela tenga la capacidad legal de establecer una disciplina y un
régimen sancionador para que los menores, que están acogidos en régimen
abierto, no solo tengan derechos, sino también una serie de
obligaciones.
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