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El fraude de las pensiones privadas - Vicenç Navarro
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 17 de abril de 2014
Este
artículo señala la situación real en la que se encuentran las pensiones
privadas, que es mucho peor que la de las pensiones públicas, lo cual
raramente aparece en los medios.
Una avalancha constante
por parte de la banca y de las compañías de seguros privadas es hacer
creer a la población que las pensiones públicas son insostenibles, es
decir, que como resultado de la transición demográfica (cada vez hay más
ancianos y menos jóvenes) no podrán pagarse. Se repite
constantemente que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones
de los ancianos. Y debido a la enorme influencia que estas
instituciones tienen sobre el mundo político, mediático y académico del
país, esta tesis de la insostenibilidad de las pensiones ha alcanzado una categoría de dogma.
Todos los gobernadores del Banco de España –incluido el actual, el Sr.
Luis María Linde– y los presidentes del Banco Central Europeo (como el
actual, el Sr. Draghi) han enfatizado la necesidad de que la población
española se haga un aseguramiento privado un plan privado de pensiones
que les garantice el nivel de vida al cual están acostumbrados,
subrayando que las pensiones públicas no se lo garantizarán.
Esta
postura es también promovida por la mayor parte de economistas de
pensamiento liberal (que son la mayoría hoy en los centros académicos), alcanzando su máxima expresión en las declaraciones de economistas ultraliberales como
el “economista de la casa” de TV3, que propone la privatización de la
seguridad social, tal como hizo el gobierno presidido por el General
Pinochet en Chile. En aquel país, la tasa neta de reemplazo de las
pensiones públicas es bajísimo, menos del 6% del salario medio de las
personas, siendo complementadas por provisiones del aseguramiento
privado, insuficientes para alcanzar el nivel necesario de mantenimiento
del estándar de vida del jubilado (se alcanza solo el 52%; en España,
en las pensiones públicas es del 80%).
En esta promoción
de las pensiones privadas, el Estado juega un papel clave. En España,
el Estado desgrava (lo cual quiere decir que subvenciona) el
aseguramiento privado. Es decir, provee unos 2.000 millones de
euros, con datos de 2012, para que las personas que se compran pólizas
de aseguramiento privado paguen 2.000 millones de euros menos. Un enorme regalo. Para que el lector se dé cuenta de lo que ello significa, baste recordar que
el Presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir
precisamente 1.500 millones de euros a fin de reducir el déficit
público, subrayando que no había otra alternativa para conseguir dinero (con el fin de reducir el déficit) que congelar las pensiones.
Dicha afirmación de que no había alternativa no era cierta. Podría
haber eliminado la desgravación (es decir, el subsidio público) a las
pensiones privadas, consiguiendo algo más que esa cantidad.
Ni que decir tiene que, como resultado de la enorme influencia del
capital financiero (banca y compañías de seguros) sobre los medios
(todos ellos endeudados con la banca), ninguno de los principales medios
de comunicación editorializó proponiendo esta medida como alternativa a
la congelación de las pensiones. Y, naturalmente, FEDEA, el
portavoz de este capital, y su revista “Nada es Gratis”, frecuentemente
citada en los medios, no dijeron ni pío, aplaudiendo en cambio la
congelación, mostrando esa política pública como un indicador de madurez
y realismo. A su vez, los economistas de los gobiernos Zapatero y
Rajoy (que cínicamente se opuso a la congelación para apoyarla cuando
estuvo en el gobierno) aplaudieron dicha medida. Y, como no, la Troika
(El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el BCE) y todo
el mundo que manda en la Unión Europea también aplaudieron. Es importante señalar que, en general,
las mismas voces que piden que se reduzcan las pensiones públicas
porque no habrá jóvenes que las paguen, apoyan las políticas de bajadas
de salarios y de destrucción de empleo (eliminando empleo privado y
público), que fuerzan a los jóvenes (cuya tasa de desempleo es de más
del 50%) a irse del país.
La privatización de las pensiones
La privatización de las
pensiones es la medida más promovida por los establishments financieros,
económicos, mediáticos y políticos (en este orden) de España (incluida Catalunya) y de la UE.
En todos ellos se asume que las pensiones privadas son mejores que las
públicas. Lo que es sorprendente es que todos (repito, todos) los datos
(creíbles y rigurosos) muestran precisamente lo contrario (ver el libro
de Vicenç Navarro y Juan Torres, Lo que debes saber para que no te roben
la pensión). Incluso instituciones de tendencias liberales, como la
OCDE, en el informe Pensions at a Glance 2013, reconocen que el sistema
de pensiones privadas en España es un desastre. La narrativa que utilizan no utiliza dicha expresión, pero sus conclusiones justifican este diagnóstico.
Menos
concluyente, pero también muy poco halagador, es el informe presentado
por un grupo de investigadores del IESE que ha estado siguiendo la
evolución de las pensiones privadas (trabajo bien resumido por Pere
Rusiñol en su artículo “Pensiones privadas, un mal negocio en España”, publicado en Alternativas Económicas). Según este informe,
de los 257 fondos de pensiones privados con al menos 15 años de
historia, solo el 1,16% (sí, solo 1,16%) lograron una rentabilidad media
superior a los bonos del Estado a 15 años. Otro 10% tuvieron pérdidas,
con lo cual, el asegurado perdió dinero. La rentabilidad de la mayoría era baja.
El que tenía mejor rentabilidad alcanzaba solo el 1,58% (los bonos del
Estado tuvieron unos intereses medios superiores, del 4,4%, para el
mismo periodo de tiempo). En realidad, la OCDE ha indicado que la
rentabilidad media de los fondos de pensiones privados en España (en el
periodo 2008-2012) fue negativa en términos reales (una vez descontada
la inflación). Después de Estonia y Polonia, España fue el que tuvo peor rentabilidad.
Pero lo que es incluso más interesante es que el hecho de que tengan
una rentabilidad muy baja, no quiere decir que les vaya mal a los
gestores de los fondos privados de pensiones. Este es un dato de enorme
interés. De la misma manera que los banqueros españoles son los que
están mejor pagados en la Unión Europea, a pesar de que la banca
española apenas ofrece crédito, no realizando su función social, los
gestores de las compañías de seguros tienen elevados ingresos,
precisamente a costa de la baja tasa real de sustitución salarial de los
futuros jubilados y las elevadas comisiones que reciben. Estos gerentes
de las compañías de seguros reciben las comisiones (lo que los gerentes
y magnates de las compañías de seguros se quedan como paga personal por
cada póliza de seguros) más altas de la UE. Solo otro país las
tiene más altas. Esta situación es escandalosa (ver mi artículo “El
maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas”,
publicado en Sistema, 04.04.14).
Los pensionistas privados están claramente desprotegidos frente al capital financiero y sus gestores. Y para complicar más las cosas, este capital financiero tiene una enorme influencia en el Estado. En realidad,
la mayoría de autoridades públicas responsables de supervisar las
pensiones privadas son individuos procedentes o que terminan trabajando
para tales compañías. Pere Rusiñol muestra la puerta giratoria que
hay entre los directores generales de Seguros y Fondos de Pensiones del
gobierno, por un lado, y las compañías de seguros y fondos privados de
pensiones, por el otro, con una puerta giratoria que alcanza su
máxima expresión en los gobiernos Aznar y Rajoy, máximos favorecedores
de la privatización de las pensiones. Pero de todo esto, prácticamente nada se ha dicho al ciudadano, incluido al que tiene una pensión privada.
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