Los agujeros negros de la formación para el empleo en Andalucía
El fraude no es un caso aislado, como el de la Comunidad de Madrid, sino
masivo y perpetrado por acción u omisión de la Junta desde hace años.
A pesar de las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, sobre las supuestas filtraciones de Moncloa en el reciente
caso de la formación profesional, la realidad es que son las
investigaciones periodísticas y de la propia Cámara de Cuentas de
Andalucía las que han puesto a la formación para desempleados y ocupados
en el ojo del huracán. La investigación que la Fiscalía de Málaga lleva
a cabo sobre un expediente concreto, conocida por Operación Edu, es el
último escándalo descubierto. En realidad, el caso de la formación
profesional andaluza, que no es un fraude aislado como el acaecido en la
Comunidad de Madrid, sino masivo y perpetrado por acción u omisión de
la propia Junta de Andalucía, ha sido noticia desde hace años.
Los dos informes de la Cámara de Cuentas
El primero de ellos data de 2002 y se refiere a las subvenciones que la
Junta concedió a UGT, CC.OO y la CEA en 1998 para el desarrollo de
programas de formación para el empleo. En aquel informe ya se
significaron numerosas irregularidades y se evidenció que casi la mitad
del dinero destinado a la formación de parados y ocupados quedaba, en
realidad, en las arcas sindicales y empresariales como gastos de
gestión. Libertad Digital dio cuenta de ello hace años. El segundo
informe, de principios de 2014, es demoledor sobre el uso del dinero
destinado a la formación profesional. El documento del órgano
fiscalizador se circunscribe al dinero entregado para cursos de
formación en los años 2009 y 2010, en los que se gastaron 798 millones
de euros, procedentes en parte de fondos europeos, a través de 3.748
subvenciones tramitadas a lo largo de ambos ejercicios.
Lo primero que denuncia el informe de la Cámara es la decisión de la
Junta de Andalucía de excluir de los mecanismos de concurrencia pública a
los sindicatos y la patronal en su calidad de "agentes sociales más
representativos de Andalucía". El favoritismo hacia sindicatos y
patronal ya fue denunciado por la Cámara de Cuentas en su informe de
2004 pero, diez años después, la Junta de Andalucía sigue entregando a
las tres entidades el dinero que considera oportuno sin más
justificación. En total, la CEA recibió en los dos ejercicios analizados
83 millones de euros para la realización de 3.869 cursos, la UGT 63,5
millones para 4.330 planes formativos y CCOO 63 millones para otros
3.373 cursos a realizar por el propio sindicato. Patronal y sindicatos
reciben sus abultadas cantidades "por el total, sin necesidad de
justificación previa".
La Cámara de Cuentas puso de manifiesto la existencia de al menos dos
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "declarando
nulos los acuerdos de 2005 por los que se autorizaba la concesión de
subvenciones en materia de formación ocupacional a estos agentes". Las
sentencias fueron confirmadas posteriormente por sendas resoluciones del
Tribunal Supremo, sin que la Junta de Andalucía haya modificado la
manera en que privilegia a sindicatos y patronal en el manejo de los
fondos públicos destinados a la formación para el empleo.
Además, el órgano fiscalizador andaluz reveló también la escasa utilidad
de los cursos subvencionados. Sólo el 11% de los cursos financiados por
la Junta de Andalucía en 2009 y 2010 permitió a los alumnos obtener una
certificación de capacitación profesional. Por si fuera poco, de los
798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a formación en
2009 y 2010, 433 millones estaban en el momento de redactar el informe
pendientes de justificar. La ley establece la imposibilidad de entregar
nuevas subvenciones a entidades que no hayan justificado en tiempo y
forma las entregas anteriores. Sin embargo, la Junta de Andalucía
exoneró de este requisito a 466 entidades en 2009 y 378 en 2010, al
objeto de que pudieran seguir recibiendo dinero público para organizar
cursos de formación.
La Cámara de Cuentas puso finalmente de manifiesto el llamativo caso de
la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, organismo suprimido
en 2011 por decreto de la Junta, al que se transfirió un total de 80
millones de euros en diversas entregas durante 2009 y 2010 sin que se
haya acreditado su destino, con 400 cursos pagados cuya realización ni
ha sido llevada a cabo ni se sabe cuándo va a tener lugar.
El caso de los sindicatos UGT y CCOO
El año pasado estalló el caso UGT de Andalucía en el que quedó claro,
tras las investigaciones primeras de Libertad Digital seguidas después
por otros medios, que la central sindical socialista había desviado
dinero de las subvenciones para la formación a los parados para cubrir
gastos sindicales además de otras muchas irregularidades. El caso
comenzó a ser investigado por el juzgado número 9 de Sevilla, luego
pasado a la juez Alaya y de nuevo pasado al juzgado 9 de la capital
hispalense. Igualmente, Comisiones Obreras de Andalucía se vio implicada
en casos similares por los que se abrieron investigaciones judiciales.
La trama de la CEA
También puesta de manifiesto por Libertad Digital, un núcleo
significativo de la cúpula empresarial andaluza se organizó de modo que
las subvenciones a la formación pagadas por la Junta pasaran por sus
empresas. De hecho, en el seno de un minúsculo grupo de personas de toda
confianza del ex presidente de la CEA, Santiago Herrero, nacieron
numerosas empresas dedicadas a la formación en los últimos años.
Federico Muela, Santiago Herrero, Baltasar Fernández Ávila, Juan Salas
Tornero, Antonio Carrillo Alcalá, Juan Andrés Haurie, José Luis Haurie y
algún otro son el meollo de este "lobby" interno de la CEA.
Estos datos, publicados por Libertad Digital hace tres años, fueron
luego recogidos, muy en general, por El País, que dijo: "Un grupo de
directivos y exdirectivos de la CEA se han beneficiado al facturar a la
institución desde sus empresas por los cursos de formación. Desde los
años 80 Federico Muela, su cuñado Baltasar Fernández y Juan Salas
Tornero, amigos del presidente Santiago Herrero han gestionado los
cursos para trabajadores y parados que contaban con fondos públicos. Eso
sí, parte de la cuantía para la formación profesional procede de las
cuotas anuales que aportan tanto las empresas (0,6%) y los trabajadores
(0,1%) a la Seguridad Social".
La trama civil de la formación
Llamamos "trama civil" a las empresas y entidades que reciben
subvenciones millonarias a la formación de desempleados y ocupados
andaluces que no tienen como destino ni la CEA ni UGT ó CCOO y que
presentan bien irregularidades denunciadas judicialmente o que son
difícilmente explicables de no mediar la presencia del PSOE andaluz en
alguna forma.
El caso Ojeda
El caso más escandaloso es el del ex consejero de la Junta de Andalucía,
el socialista Ángel Ojeda Avilés, que ha recibido en sus empresas,
fundaciones y asociaciones más de 50 millones de euros para la
formación, algunos de los cuales fueron instrumentados en el caso de la
empresa Delphi en Cádiz. Está investigado por la Guardia Civil y por el
juzgado de Algeciras.
Ojeda Avilés, hasta principios de 2009, venía operando en el campo
empresarial con Inversiones Toespa, Prescal Consultoría Integral SL,
Educanet SL, y fundamentalmente con Itisa Inspección Técnicas
Internacionales SL y un conjunto de empresas y asociaciones de la
industria aeronáutica: Agrupación de Empresas Aeronáuticas SL
-B91456863-, Asociación de Empresas Aeronáuticas -G 91464461-,
Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas SL -B 913774603-. En casi todas
ellas, desde hace dos años, Ojeda Avilés, tras las primeras denuncias e
investigaciones, ha venido retirándose de sus funciones de administrador
como puede comprobarse en el desarrollo histórico de las sociedades que
se deduce de su inscripción en el Registro Mercantil. Junto a él, suele
aparecer su hija Vanessa.
En el área de las subvenciones, las empresas vinculadas a Ojeda son
fundamentalmente: Asociación de Entidades de Servicios de Innovación y
Telemáticos de Andalucía, H.A.S.A. Asistencial SL -hoy H.A.S.A. Sevilla
Asistencial SL y Huelva Asistencial SL-, y en el muy lucrativo negocio
de la "prevención de riesgos laborales" que realiza a través de
Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad SL, Prescal. En el área de
las entidades "sin ánimo de lucro", creó en 2007 la Fundación para el
Desarrollo y la Integración de Inmigrantes -G72051253-.
Simultáneamente, en esas fechas, se había producido el conflicto de
Delphi. En aquel momento Ojeda Avilés entró de lleno en el negocio de la
subvención, constituyendo el 1/1/2009 tres entidades que serán las
futuras receptoras de varios millones de euros en subvenciones para la
Formación y el Empleo. Las tres sociedades fueron:
Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas -G 91761791-, constituida
el 1/1/2009, domicilio c/Ebro,2, Sevilla, y que por Resolución de
30/1/2009, es decir, el mismo mes de su creación, y quizás sin estar aun
inscrita y por supuesto, sin alta en SS, se le concede la primera
subvención de 642.390€. Esto ya sería suficiente para intuir una cierta
irregularidad. Desde luego, el criterio de la experiencia en formación
-valorable para obtener la subvención- tampoco lo tenía en ese momento,
pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la
convocatoria.
Asociación para la Sociedad de la Información – INNOVA – G91794354,
constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro 2-Sevilla, actividad 8532,
dedicada a educación secundaria técnica y profesional.
Asociación de Apoyo al Medioambiente - Natura, G 91761734, constituida
1/1/2009, , domicilio en C/Ebro,2 Sevilla, dedicada a educación en
general.
Como se ve, todas ellas con el mismo domicilio.
El caso Muñoz Zamora
Otro caso significativo es el de las empresas de la familia de Benjamín
Muñoz Zamora, socio de Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz y
de Javier Pérez Royo, asesor aúlico de Manuel Chaves y columnista de El
País. estas empresas recibieron varios millones de euros destinados a
la formación si bien fueron denunciadas ante la Fiscalía de Sevilla, que
aún no se sabe si ha investigado el caso, hace ya casi un año pro no
cumplir los requisitos para percibir tales subvenciones. El pasado 21 de
junio de 2013, un antiguo socio interpuso en la Fiscalía de Sevilla una
denuncia contra diferentes empresas controladas por la familia de
Benjamín Muñoz Zamora por incumplir los requisitos necesarios para
percibir subvenciones de formación para el empleo, subvenciones que, sin
embargo, les fueron concedidas generosamente. En esta primera denuncia
se refirió a la empresa Serprosa. Luego hubo varias más relacionadas con
otras empresas de la familia.
Antonio Muñoz López es padre de los apoderados Benjamín Muñoz Zamora y
María Concepción Muñoz Zamora y es administrador único de Serprosa, que
se nutre exclusivamente de ingresos provenientes en forma de
subvenciones de la Junta de Andalucía y que tiene su domicilio social no
en Andalucía, sino en Madrid, calle Francisco de Rojas, 9.
Sorprendentemente mantiene numerosas incidencias de impago frente a la
Seguridad Social, Hacienda y otros organismos públicos y no deposita sus
cuentas en el Registro Mercantil. Tampoco parece real su capital social
de 121.164,04 euros por cuanto no pagaba sus deudas a la Seguridad
Social, Hacienda, Diputación, etc.
El caso Sivianes
Es un llamativo caso de recepción multimillonaria de subvenciones a la
formación. El conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en
Sevilla, empresas en las que participa su familia y además, Juan Luis
Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad
onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las
elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a
dedo por el actual alcalde socialista de la localidad, recibió más de 6
millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.
Tiene el domicilio de la actividad en c/ Zaragoza de Sevilla donde
aparecen domiciliadas otras sociedades relacionadas con la formación y
que reciben tambièn subvenciones. Curiosamente, José Sivianes como
persona física tiene sólo dos administrativos y con esta infraestructura
laboral , recibió 2.324.990 €, por Resolución de 31-1-2011 . Debería
haber cumplido los requisitos de la convocatoria de fecha 14/7/2010:
tener personal docente, estar registrado como entidad de Formación
Profesional para el Empleo, tener autorización expresa para la
coexistencia de dos entidades beneficiarias de subvención en el mismo
domicilio, memoria del proyecto, experiencia anterior, etc.
La empresa Formación Integral para el Empleo, CIF B 91165258, con
actividad desde 2002 es propiedad de Ana María Rodríguez, cónyuge de
Sivianes Sanchez, y socia con él en la empresa Sivianes Rodríguez SL
B-91600403 ( C/ Zaragoza nº 33). En la misma resolución que la anterior
recibió 2.211.237 €. Curiosamente se dio de alta en su actividad el
31/8/2010 y la Resolución de convocatoria era de fecha 14/7/2010 y se
publicó en el BOJA de 27/7/2010. O sea, que la empresa estaba "inactiva"
esperando, al parecer, la subvención. Durante la mayor parte del tiempo
sólo ha dispuesto de una trabajador administrativo sin rastro alguno de
profesores.
El estallido de la Operación Edu
Es la última en el tiempo y la que parece haber provocado las iras de la
presidenta Susana Díaz, aunque, como estamos comprobando, los
escándalos y sospechas sobre el mal uso de la formación son muy
anteriores incluso a la llegada del PP a la presidencia del gobierno.
La Policía y la Seguridad Social habían abierto una investigación a más
de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el
fraude en un expediente concreto de unos 3 millones de euros. La Unidad
central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional
investiga ya este fraude.
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