recuerden que "la crisis vino de fuera"..
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“O pagas o a la calle. No somos una ONG. Somos inversores. Hemos invertido millones y queremos ganar dinero”.
Fue la respuesta que los inquilinos de viviendas sociales jóvenes del
Ivima recibieron de Encasa Cibeles, la sociedad pantalla que esconde a
Goldman Sachs y a Azora a la que la Comunidad de Madrid ha malvendido
casi 3.000 VPO por 201 millones de euros.
“No somos una ONG”, dicen. Sin embargo, los contribuyentes han
subvencionado a estos causantes de la crisis financiera, global y
doméstica, la adquisición de unas viviendas protegidas por 201 millones
que se tasaron en 300 millones. Les ha costado cada piso unos 67.000
euros, mientras que a sus adjudicatarios, si quieren ejercer el derecho a
compra, les exigen unos 150.000 euros. Cabe destacar que más de
la mitad de estos inquilinos cobran la renta mínima. Son parados de
larga duración, mujeres solteras con hijos, familias numerosas,
inmigrantes, discapacitados… “Estas casas son de protección pública, están hechas con el dinero de todos los madrileños”, defienden los vecinos.
Desde que la Comunidad de Madrid del heredero de Esperanza Aguirre,
Ignacio González, entregara a los buitres estas viviendas sociales,
Encasa Cibeles, o sea, Azora y Goldman Sachs, no han parado de cometer
irregularidades. La primera fue un error tipográfico por el que figuraba
que habían adquirido las 2.935 viviendas, repartidas en 32 promociones,
con sus 42 locales comerciales, ¡por 201.000 euros! Dicho error obligó a
modificar la resolución, lo que concedió a los inquilinos el tiempo
suficiente para presentar un recurso ante los tribunales, con la ayuda
de movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH. Más del 80% de
los afectados se pudieron acoger a la justicia gratuita. Pero sus situaciones son tan precarias, que muchos no tenían dinero ni para pagar el transporte para ir a poner el recurso.
Más irregularidades
Según los afectados de la venta, “Encasa Cibeles compró las 3.000
viviendas sociales con un capital inicial de 3.000 euros, ¿te lo puedes
creer?”. Su sorpresa no se queda ahí: “Si por contrato hay que ejercer el derecho a compra en 2014, ¿cómo pueden vender nuestras viviendas en 2013?”, “¿y por qué nos exigen que paguemos todo o compremos cuando se acabe la subvención, si tenemos derecho hasta a ocho años?”,
se preguntan. Además, inciden en que “poco antes de la venta, cambiaron
la ley para que se pudiera vender el conjunto de los edificios para no
tener que dar el derecho al tanteo, pero la legislación dice que tienen
que preguntarme”.
En los últimos meses, los medios han ido sacando a la luz más malas prácticas –cuando no supuestos delitos– de Goldman Sachs y Azora. Han puesto las viviendas
a la venta por internet con los inquilinos (con opción a compra por
contrato) dentro y por unos precios superiores al precio tasado del
Ivima. En algunos casos, piden más del doble de lo que les costó adquirírselas a la Comunidad de Madrid. Todo un negocio privado con dinero público con tintes de presunta ilegalidad.
Además, los afectados señalan que los anuncios ofertan cosas
inexistentes y con fotografías que no se corresponden con la realidad.
Estimad@ Inquilin@, paga el IBI
Recientemente, los afectados han recibido cartas encabezadas con un
“estimad@ inquilin@” para exigirles que pagen el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y la Tasa de Resi*duos Urbanos por adelantado. Les piden
de una tacada 600 o 900 euros, e incluso les ofrecen la posibilidad de
fraccionarlo. Ante esto, los vecinos se han informado en sus respectivos
ayuntamientos, donde les han dicho que ni siquiera se conoce aún el
valor catastral de las viviendas. El IBI es un impuesto que pagan los
propietarios, no los inquilinos. De hecho, el Ivima nunca se lo exigió.
En todo caso, según el artículo 20.1 LAU, arrendador y arrendatario
tenían que haber pactado y haber hecho constar por escrito a la fecha
del contrato el importe anual del IBI. Cosa que no se ha hecho, por lo
que no es exigible, defienden los vecinos. Además, Encasa Cibeles está
pidiendo por adelantado fraccionar y repercutir unos pagos (de IBI y de
residuos) que hasta el momento no ha abonado. Es más, ni siquiera sabe
si procede que los inquilinos los paguen, ni su cuantía exacta. “Están
intentando recaudar dinero de cualquier forma”, lamentan los afectados.
Por si todo esto fuera poco, los caseros están pidiendo a sus inquilinos
maltratados que les ayuden a echar a los ocupas que están utilizando
estas viviendas sociales. En el Ensanche de Vallecas, donde más
afectados hay, aproximadamente el 30% de los pisos está ocupado por
familias en su mayoría gitanas. Pero los arrendatarios no les han
seguido el juego: “No es fácil la convivencia, pero mi problema no son
los ocupas. Mi problema es cómo puedo llegar a fin de mes con la renta
que tengo”, aseguran.
A los vecinos que sí pagan, les están intentando separar: “Cada vez que
se acaba una subvención, nos dicen que hay que pagar el alquiler entero,
o comprar el piso, o si no, a la calle. También nos están intentando
separar. Nos ofrecen otro contrato, otro piso, otra zona…”.
¿Cómo viven esta situación los afectados? “Me está enfermando. No veo
lógica. No tenemos recursos. Están jugando con nuestro futuro. Casi no
duermo pensando en que me pueden echar. Nos dicen que nos enfrentamos
contra los poderosos: la Comunidad de Madrid y Goldman Sachs, que no
sólo tiene peso económico, sino también peso político”, se lamenta una
madre de tres hijos cuyo trabajo consiste en “buscar trabajo”.
Negocios privados con dinero público
Las causas contra la operación se acumulan. Además del recurso
presentado por los vecinos, ha sido admitida a trámite la querella
criminal presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea
de Madrid contra la Comunidad de Madrid de Ignacio González por
malversación de fondos y prevaricación por la venta “a precio de regalo”
de las viviendas públicas a una empresa privada.
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