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Un nuevo rescate a la banca, y ya van...
Casi seis años han pasado ya y todavía no ha tenido bastante la máquina
financiera del país a la hora de engullir recursos de la economía. Un
sector que según Zapatero estaba sano y se perfilaba como uno de los más
sólidos de Europa (ese Señor Presidente que para luchar contra la
crisis, miró para otro lado, la negó, como negó su alcance, y que da
conferencias de economía a 60.000 euros la pieza), pero que después de
un plan de rescate, de la creación de un “banco malo” que limpiase de
activos tóxicos los balances de los bancos y de una reestructuración que
se ha llevado por delante buena parte del sector; después de todo eso,
seguramente vaya a tener otro nuevo rescate más.
Ahora,
después de asegurarnos el siguiente Señor Presidente que el rescate con
fondos europeos a la banca no supondría ninguna carga para las arcas del
estado y equivocarse o mentir, que no sé qué es peor, resulta que se ha
descubierto un nuevo rescate, esta vez encubierto en forma de aval a nuestro sanísimo sector bancario.
El caso es que alrededor de 40.000 millones de euros han sido
avalados por nuestro gobierno gracias al decreto ley aprobado de
urgencia en noviembre del año pasado, y que facilita “determinadas
medidas destinadas a permitir que ciertos activos por impuestos
diferidos puedan seguir computando como capital”. En definitiva, se trata de ahorros de impuestos futuros que surgen de pérdidas o provisiones anteriores. Por ejemplo,
cuando un banco detecta que tendrá una posible pérdida, como cualquier
empresa, dotará una provisión, que lógicamente reducirá el beneficio de
ese año para la entidad, pero que no será deducible fiscalmente hasta
que la pérdida sea real. Antes del decreto, si dentro del plazo no había
beneficios suficientes para ahorrarse esos impuestos, éstos se perdían
acabado el plazo para poder deducírselos; ahora, el Estado responde de
esos créditos fiscales en caso de que los bancos no los puedan usar para
compensar beneficios futuros, de hecho, están garantizados con deuda
pública. Esto se hizo para no castigar la solvencia de los bancos, con
vistas a que les fuera más fácil superar las pruebas de estrés europeas,
siendo la manera de compensar la desventaja comparativa con los bancos
de otros países europeos, donde se pueden deducir estas provisiones con
cargo a devoluciones de Hacienda de impuestos pagados en ejercicios
anteriores. Ni qué decir que ya intentará nuestro sector bancario hacerse con todo lo que pueda de esta cifra.
Por tanto, ¿cómo queda la cifra final del rescate cargo a nuestro bolsillo?
- Dinero público inyectado por el FROB: 61.361 millones, para el
rescate a las entidades con problemas, donde destaca, por su volumen, la
inyección a Bankia: 22.424 millones. Aquí está incluido el rescate
europeo, aunque no se incluye el rescate a la CCM, ya que aún no existía
el FROB. De este dinero se dan por perdidos 37.000 millones por ahora.
- Los Esquemas de Protección de Activos o garantías contra pérdidas
futuras: algo más de 15.700 millones. Gracias a estas EPA, las entidades
compradoras de los bancos y cajas con problemas se encargaban muy bien
de hacer aflorar todas las pérdidas ocultas posibles y sanearlas a costa
de estas medidas. Este dinero es directamente déficit público.
-Pérdidas procedentes del pago de la SAREB a los bancos por la compra
de los activos, que ha sido considerado por Bruselas superior en un
70-75% al precio real de mercado, lo que supone un sobrecoste para las
arcas del estado. En definitiva, se trata de un montante estimado por
Bruselas de algo más de 20.000 millones.
-Partida de casi 3.000 millones debida a ajustes varios en la CAM y BANKIA (cómo no, que se apunta a todas).
Tenemos
la cifra final, que recientemente el Tribunal de Cuentas del Congreso
ha reconocido, de 107.913 millones. Con lo que una familia de 4 miembros
ha colaborado con algo más de 8.000 euros para el saneamiento de
nuestro comprensivo, humano y bien amado sistema bancario. Si
a esto le añadimos que esta familia puede estar pasando dificultades
por estar afrontando una situación de desempleo y que puede estar en una
situación de riesgo de impago de su hipoteca, tenemos la ecuación
perfecta: el banco que entre todos hemos saneado (o quizás aún no del
todo), procederá a renegociar con el cliente, dotando además una
provisión por la insolvencia del crédito hipotecario de la que se
beneficiará al aplicarse la medida de aval de créditos fiscales.
En definitiva, no sé si se podría calificar a este
rescate como un “rescate a la española”, lo que sí sé es que choca con
el sentido común de manera clamorosa. Ha pasado de no ser necesario
porque teníamos un sistema financiero saneado y fuerte, a necesitar una
serie de pequeños ajustes con unos créditos europeos que “devolverían
las propias entidades” y, finalmente, a una situación donde 250.000
millones de euros (una cuarta parte del PIB) se ha volatilizado entre
activos tóxicos y pérdidas, donde nuestro sistema financiero ha
absorbido casi 150.000 millones de euros de las arcas del estado, a
donde presumiblemente poco o nada será devuelto.
Siendo además este uno de los pocos casos donde la operación no fue
rentable: en casi todos los países donde se rescató a toda o parte de la
banca, el gobierno, como mínimo ha recuperado la inversión, siendo el
caso más espectacular Estados Unidos, donde su gobierno parece haber
hecho un buen negocio.
La pregunta vuelve a ser ¿no hubiera sido más barato dejarles quebrar?
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