se nota que era un espacio natural protegido:
disfruten lo votado..
Espacios naturales protegidos en vano
La macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en un pantano del
noroeste de la provincia de Cáceres, es ilegal. Sus 180 villas
turísticas, su hotel, su campo de golf y sus atraques para barcos nunca
debieron construirse. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo, igual que
en 2011 lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las
organizaciones ecologistas llevaban avisando desde 2007, pero las obras
siguieron adelante. Ahora que el Supremo ordena demolerlas, la Junta de
Extremadura alega que es tarde, que devolver la zona a su estado natural
sería incluso más perjudicial para el medio ambiente. El mayor complejo
turístico y de ocio de Extremadura se levantan en terrenos incluidos en
Natura 2000, la red europea de protección ambiental. Lo que no impidió
que se edificara, y quizá tampoco pueda evitar que siga donde está.
El Supremo también declaró ilegal en 2011 la carretera M-501, entre
Madrid y Ávila, que atraviesa el parque regional del curso medio del río
Guadarrama. Para entonces, ya estaba construida. Cuando los tribunales
pararon el proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de
Ávila, ya se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la
Red Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha
evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de
urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba
proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como
recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se
declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de
especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la
protección que se les presupone. Son los propios Estados los que
designan estas zonas y los que deben gestionarlas.
La normativa europea prohíbe construir en estas áreas si los proyectos
suponen un “impacto significativo” al hábitat en cuestión. Solo hay una
excepción, como subrayó la semana pasada una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE: cuando existen “razones imperiosas de interés
público” y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones, el
Estado tiene que tomar medidas para compensar el daño creado. Las
comunidades han abusado de la definición de esas excepciones, señalan
tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente
aprobando declaraciones de interés público para proyectos que no lo
merecían.
“No es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000”,
afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo del plan
de infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas
PEIT. “Pretendía construir 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad
ferroviaria y 6.000 de autovías, a pesar de que atravesaban un total de
327 espacios incluidos de la Red Natura 2000... ¡Y no se evaluó su
impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue
admitida a trámite”. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se
hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de interés público. “A menudo
no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es
de interés general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque
luego no llegue a un número mínimo de pasajeros y sea una ruina
económica”. Luis Suárez, de WWF, coincide: “Se ha abusado; cualquier
gran infraestructura se ha convertido en interés general. Nunca se
buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo
tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad
Real se construyó sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear otra
en unos terrenos al lado. ¿Quién te garantiza que los pájaros vayan a
irse allí? Es un ejemplo de medida absurda”.
No son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han
causado daño. El hotel de la playa del Algarrobico (Almería), que como
recuerda Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra,
es uno de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para
cuando el Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en
diciembre pasado, 52 millones de dinero público ya se habían gastado en
construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal de
Justicia de la UE condenó a España por permitir las minas de carbón a
cielo abierto de Laciana (León), una comarca donde habitan osos pardos y
urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. El Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León anuló un parque eólico en El
Bierzo (León) a finales del año pasado. No había tenido en cuenta en su
declaración de impacto ambiental que allí habita el urogallo. Fue el
cuarto proyecto eólico de la zona anulado, pero, a diferencia de los
otros tres, este ya llevaba tres años funcionando.
“En medio ambiente deberían concederse de oficio las medidas cautelares”, opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife.
Su organización, asegura, gana en los tribunales más del 80% de los
casos. “Hay que impedir que se produzcan los daños, porque después los
fallos son muy difíciles de cumplir. El problema se presenta cuando la
infraestructura está hecha”, señala. Es complicado que se ejecuten
sentencias que ordenan restituir parajes a su estado natural. “Hay pocos
casos —creo que no conozco ninguno— en los que los ecologistas hayan
ganado una sentencia y esta se haya ejecutado”, se queja Atienza.
Y sin embargo, sí se han conseguido victorias medioambientales que han
paralizado obras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias
detuvo de forma indefinida los trabajos del puerto de Granadilla
(Tenerife) para preservar un alga protegida. El de Castilla y León anuló
la urbanización de Las Navas del Marqués (Ávila) porque invadía una
zona de cría de la cigüeña negra, especie en peligro de extinción. El
oso pardo permitió vetar la estación de esquí de San Glorio, decisión a
la que han seguido varios procedimientos judiciales más. En
Navahondilla, Ávila, el TSJ de Castilla y León declaró nulo hace unos
meses el plan para construir más de 1.100 viviendas en un municipio que
apenas llega a 350 habitantes. Suponía recalificar suelo rústico a
urbanizable en una zona donde se intenta recuperar la población de
águila imperial.
España es el país de la UE que más superficie ha incluido en la Red
Natura 2000: 27% frente al 12,5% de Francia; el 15,4% de Alemania o el
19% de Italia, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente. Sin embargo, solo el 10% de esos espacios tienen un plan de
gestión específico, algo a lo que obliga la normativa. España cumple con
sus informes de la directiva Hábitats (la norma europea que creó la Red
Natura 2000), pero estos planes de gestión “están siendo un calvario”,
explica Domingo Jiménez, ex director de la Agencia Europea del Medio
Ambiente. Sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia y Murcia,
añade.
Mientras tanto, se siguen arrastrando casos como el de El Algarrobico. O
el de Marina de Cope, en Murcia, donde el Constitucional anuló el plan
del Gobierno regional que desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen
para urbanizarlas. “Si no hubiera sido por la crisis, las urbanizaciones
como Marina de Cope estarían construidas. ¿Y quién las tira abajo, como
con El Algarrobico?”, se pregunta Jiménez. “No es extraño que en los
conflictos entre espacios naturales e intereses económicos primen los
segundos, y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos
judiciales. La entrada en juego de los fiscales ambientales fue un gran
avance, aunque harían falta más y con más medios”, concluye.
No hay comentarios:
Publicar un comentario