viene uno, hace una inversión, la cosa le sale mal, y el Gobierno le tiene que devolver el dinero, además de un sobreprecio por "gastos extraordinarios", el Gobierno tiene que asumir el resto.. claro, claro..
y de ésto tampoco hay responsables, claro..
disfruten lo votado..
Florentino Pérez renuncia al Castor para endosarle a los consumidores el pago de la deuda del proyecto
Si el Banco Europeo de Inversiones y el resto de bonistas aceptan la
renuncia, Escal solo tendrá que afrontar un pago parcial y el resto
deberá ser asumido por el Gobierno, que lo cargará en la factura del
gas.
La sociedad propietaria del almacén subterráneo de gas Castor, Escal, en
la que participan ACS, con un 66,7%, y la canadiense UGS, con el resto
del capital ha comunicado su decisión de renunciar a la concesión de
explotación del almacén subterráneo de gas natural Castor.
En un hecho relevante remitido a la CNMV, la compañía indica que ha
iniciado el proceso para obtener la autorización previa por parte del
Banco Europeo de Inversiones (BEI) –con 300 millones de euros en bonos -
y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió
el año pasado (algo más de 1.400 millones) para financiar el proyecto.
La sociedad se adjudicó en 2008 la construcción y explotación del
almacén Castor. La actividad de la instalación fue suspendida por el
Ministerio de Industria el año pasado tras los seísmos que se
desencadenaron en las costas de Castellón cuando se inició el llenado de
la planta con la inyección de gas colchón y que provocaron un fuerte
rechazo social en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La agencia de calificación Fitch ya anticipó hace unos días esta
decisión y rebajó hasta bono basura el rating de los títulos de deuda
que financiaron con 1.400 millones de euros el almacén de gas.
El contrato de emisión de los bonos firmado hace un año contemplaba que
si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en
funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los
1.400 millones invertidos. ACS, como socio mayoritario, había firmado
un convenio de apoyo financiero que le comprometía a respaldar esas
obligaciones.
La agencia afirmó que si la empresa renunciaba a la concesión –como ha
sucedido- sólo tendrá que afrontar un pago parcial y el resto debería
ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión. Sin
embargo, advertía que es imposible asegurar el importe o los plazos de
esa indemnización. "La indemnización es posible sobre el papel, pero la
decisión sobre la cantidad y la mecánica de la compensación pueden
tardar en establecerse", señala Fitch.
La promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios.
Industria prevé cargar el coste de la inversión fallida a las consumidores a través de la factura del gas.
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