Nueva matrícula para periodistas: un cartel rojo, obligatorio y de pago para las protestas

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Nueva matrícula para periodistas: un cartel rojo, obligatorio y de pago para las protestas


La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha comenzado a enviar a sus asociados las nuevas identificaciones que deberán llevar para poder cubrir manifestaciones y otras protestas en la vía pública. Se trata de un código alfanumérico de letras negras y fondo rojo que tendrá que portarse en el pecho para que sea fácilmente visible por los agentes de las Fuerzas de Seguridad. El envío coincide con la polémica que ha suscitado entre los profesionales de los medios de comunicación el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé sancionar como infracción grave la toma de imágenes de agentes.

La FAPE ya comenzó a distribuir un chaleco entre sus asociados en 2012, tras la firma de un acuerdo con el Ministerio del Interior. La introducción de esa prenda pretendía supuestamente facilitar el trabajo de los informadores durante las intervenciones policiales. Se trataba además de una vieja reivindicación de las Fuerzas de Seguridad, que llevaban años reclamando que los periodistas portaran una identificación visible en todo momento para distinguirlos del resto de manifestantes.

Esos primeros chalecos ya llevaban un código que permitía identificar al periodista y, en teoría, eran optativos. Pero la nueva matrícula que está enviando ahora la FAPE triplica el tamaño inicial e incorpora el color rojo, facilitando que sea aún más accesible. Es decir, que el código no podrá ser anotado sólo por los agentes antidisturbios que lo soliciten expresamente. También podrá apuntarlo cualquier manifestante, con el riesgo que eso implica para la seguridad de los informadores.

Una decisión cada vez menos libre

La libertad de llevar el chaleco también está en el aire. Su mera existencia está despertando sospechas hacia los periodistas que no disponen de uno o que, simplemente, se niegan a utilizarlo porque creen que condiciona su interacción con el entorno. A esas circunstancias se une que, en los últimos meses, los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) han comenzado a exigir con mayor insistencia que se lleve esa identificación para poder moverse libremente entre sus operativos. Oficialmente, el chaleco no es obligatorio pero, en la práctica, se ha vuelto completamente imprescindible.

La propia presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, afirmó esta semana en un curso de verano de la Universidad Complutense que “los periodistas deben estar identificados en todo momento”. Hasta ahora, la obligatoriedad siempre se había descartado, sobre todo, por las limitaciones que implica para el ejercicio de la profesión. Sólo los licenciados en periodismo –requisito obligatorio para colegiarse– que además paguen la cuota de pertenencia a las diferentes asociaciones de prensa (en el caso de la APM, 22 euros mensuales) pueden disponer del chaleco oficial de la FAPE. El resto no tiene cómo conseguirlo.

El código, además, tiene fecha de caducidad. Los que está enviando ahora la FAPE sólo tendrán validez hasta 2017. Después, será necesario colocar en el chaleco un código nuevo. Y para conseguirlo, será obligatorio seguir estando al corriente de las cuotas.

Desde la FAPE rechazan que la prenda sea obligatoria. “El acuerdo sobre el chaleco lo firmamos en 2011 con el Ministerio del Interior y tenía como objetivo ayudar a los periodistas”, asegura la presidenta de la federación, Elsa González. “Los informadores pueden ponérselo cuando lo consideren útil o guardarlo cuando piensen que puede perjudicarles. Creemos que su introducción ha tenido consecuencias positivas”, señala González, que justicia el aumento del tamaño de la matrícula por la necesidad de tapar el código anterior.

González sí admite que sólo los colegiados podrán conseguir la matrícula. “No nos podemos responsabilizar de una persona que no sea periodista. Nosotros siempre hemos apostado por la profesionalización, porque desarrollamos una función esencial para la democracia. De la misma manera que nosotros no podemos meternos en un quirófano, cualquier persona no puede ejercer como periodista”.

Multas de hasta 30.000 euros

La presidenta de la FAPE apunta que un equipo de la federación está en conversaciones constantes con Interior para tratar estos asuntos, y añade que también están negociando las partes del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que más afectarán al trabajo de los informadores.

El punto 36.26 del articulado establece que se considerará infracción grave sancionada con entre 601 euros y 30.000 “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Ese epígrafe se encuentra entre las principales novedades de la ley impulsada por Jorge Fernández Díaz con respecto a la normativa en vigor y también es uno de los más controvertidos, por los difusos límites que establece para la toma de imágenes. La FAPE ha pedido a Interior que acote las actuaciones sancionables para impedir que pueda multarse a periodistas por el libre ejercicio de su profesión. El proyecto de ley fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de los Diputados para que se inicie su tramitación parlamentaria.