20140919

¿Por qué Ikea adelantó 70 millones a Ortiz por un suelo rústico 'sin escriturar ni nada'?

luego resulta que "la crisis vino de fuera", claro, claro..


¿Por qué Ikea adelantó 70 millones a Ortiz por un suelo rústico 'sin escriturar ni nada'?


TRIBUNALES Investigación del Caso Rabasa

  • La Policía detalla cómo el promotor 'amarró' a Ikea a cambio de un contrato leonino
  • Además, logró sacar a Castedo todas las condiciones que puso la multinacional

El empresario Enrique Ortiz con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al fondo. E.C.



El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía incorporado a la causa judicial de caso Rabasa, y que ha provocado la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz y cinco técnicos, detalla cómo se logró tramitar la llegada de Ikea a la ciudad. En resumen, la multinacional Ikea adelantó 70 millones a Enrique Ortiz por «suelo rústico y sin escriturar ni nada» a cambio de «un contrato leonino» que no aporta «certeza a Ikea por parte del consistorio y la administración van a cumplir sus expectativas». De ahí que la Policía describa con todo tipo de detalle «todas las gestiones y las posibles irregularidades que despliega el empresario investigado para que la tramitación del plan Rabasa llegara a buen puerto».
Todo se produce en el contexto de julio de 2009. La revisión del Plan General de Ordenación de Alicante va lenta y entonces se tramita el Plan Rabasa, que en un principio contempla 13.000 viviendas, 8.000 de ellas de VPO. Ante el temor de que el plan sea paralizado en los juzgados, a raíz de un recurso contencioso-administrativo presentado por el PSPV y la Delegación del Gobierno, se opta por una modificación puntual del PGOU para recoger todas las exigencias que Ikea y Ortiz han pactado en el contrato de compraventa y por el que la multinacional sueca adelanta 70 millones de euros.

Y dentro de ese contrato, la Policía incide «en la seguridad por parte de la multinacional de que la parcela comercial pueda ser explotada en la medida de sus necesidades y con todas las garantías de que en la misma tiene vía libre administrativa».

A partir de entonces, los investigadores detallan toda una serie de encuentros entre la alcaldesa y el empresario para consumar en decisiones municipales todas las exigencias que Ikea le ha puesto a Ortiz.

Según la Policía, «el empresario tiene un auténtica vía de comunicación con Sonia Castedo que no sigue los canales establecidos para dichos encuentros. Y los encuentros coinciden con los momentos en los que el empresario investigado debe solicitar algún tipo de ayuda o la asesora en la forma de proceder en los asuntos de la incumbencia de Ortiz».

Ese canal comunicativo para conseguir todas las preferencias de Ortiz, incluidas en el contrato de Ikea, se cumplen, según la Policía, hasta que el TSJ paraliza el plan Rabasa y, por tanto, la llegada de Ikea -17 de diciembre de 2009-. En ese momento, Ortiz pone en marcha otra estrategia con tal de poder levantar la suspensión cautelar. Según la Policía, «la estrategia del empresario es ir a por todas». Sobre todo ante el temor de perder el contrato de Ikea y tener que devolver los millones adelantados por la multinacional. Ortiz plantea a Castedo que hable con los representantes de Ikea y que les comunique que hay voluntad del ayuntamiento, pero que el tema se va a retrasar. Las órdenes de Ortiz se cumplen una vez más. Castedo llama a Sylvain Laval (Ikea) y se traslada lo que le pide Ortiz.

Para sortear la suspensión, Ortiz se plantea acelerar incluso la puesta en marcha desaladora de Mutxamel. E, incluso, estudia «la posibilidad de realizar el proyecto en otra ubicación (la Condomina) donde posee un millón de metros cuadrados.

Para poder contar con los caudales hídricos de Mutxamel, Ortiz incluso habla con entonces conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, y con un representante de Bancaja, José Cortina. Ambos se comprometieron a mediar para que la desaladora obtuviera la declaración ambiental favorable para poder contar los recursos hídricos que iba a producir. Las últimas gestiones se realizan con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan Carlos Moragues.

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