20141130

Periciales forenses bajo sospecha en los Juzgados de Tenerife

cuando se ha establecido el "delito de género" (el hombre es culpable y la mujer es buena), y encima hay miles de asociaciones que viven de ésto (unas poltronas que pagan en base a expresar ésta ideología), la primera víctima es la verdad..

disfruten lo votado..


Periciales forenses bajo sospecha en los Juzgados de Tenerife

Un juzgado de Tenerife investiga a un psicólogo por usar pruebas no homologadas para valorar a víctimas e imputados de violencia de género.

Los primeros indicios de este proceder presuntamente irregular, surgieron en un procedimiento penal conducido por el abogado Don Javier María Pérez-Roldán , que ya llamó la atención sobre las irregularidades.

El perito, Don Julio Bronchal, denunció las graves irregularidades meteorológicas que luego se verían confirmadas. A partir de aquí, el afectado -que resultaría condenado con base en la pericia irregular del Sr. Armas- inicio las actuaciones procesales que han llevado a sospechas al Juzgado de Tenerife sobre la profesionalidad de algunos peritos.

El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristobal de la Laguna (Tenerife) investiga si el psicólogo Enrique Armas ha aplicado pruebas no homologadas a más de 425 pacientes remitidos por los juzgados de Santa Cruz de Tenerife.

La querella fue archiva inicialmente por el Juzgado de Instrucción pero la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó seguir con las actuaciones.

El psicólogo denunciado se puede enfrentar a los siguientes delitos: falsedad de documento público, falso testimonio, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación.

La presunta actuación de psicólogo jefe de la Unidad de Valoración Integral Forense podría determinar la invalidación de todos los procedimientos en los que intervino.

Tanto el abogado madrileño Javier Pérez- Roldán Suanzes, como el psicólogo valenciano don Julio Bronchal (los que denunciaron inicialmente las irregularidades) reconocen que las actuales investigaciones judiciales suponen un avance importante para desmontar las irregularidades que se producen en multitud de informes psicosociales con el objeto de privar de la custodia de los menores a los varones inmersos en procesos de separación y divorcio.

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