unos 1,8 millones de "abstencionistas".. mejor eso que expresar que se han tenido que marchar porque el país estaba en la ruina y no les podía ofrecer ninguna posibilidad de futuro..
seguirán votando los jubilados (que no falte la pensión) y los apoltronados..
disfruten lo votado..
El Ministerio del Interior y muchos partidos han lanzado una llamada a los extranjeros residentes en España con derecho a voto para que se registren en el censo antes de finales de año.
Pero, ¿alguien ha visto información similar para los españoles que vivimos fuera?
La respuesta, como podréis imaginar, es no. A pesar de que el censo
electoral de residentes en el exterior no para de aumentar –más de un
45% desde el inicio de la crisis según datos del INE–, la desinformación
para los 1,8 millones de electores emigrantes sobre cómo ejercer
nuestro derecho a voto es constante. En las anteriores elecciones
europeas nos enteramos por casualidad del cierre del censo CERA, el
correspondiente a los españoles residentes permanentes en el extranjero,
a raíz del cierre de censo en España para los inmigrantes
comunitarios. Ésta fue una de las causas principales de que la
participación electoral de los emigrantes se quedara en un ínfimo y
antidemocrático 1,84 %, según una encuesta de Marea Granate.
Este año, una vez más, la historia se repite: solo tras sucesivas
llamadas a la Oficina del Censo Electoral y correos al INE hemos podido
confirmar que los "movimientos no notificados" de residentes en el
exterior antes del 31 de diciembre quedarán fuera del censo de cara a
las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Es decir, que quien no esté
inscrito en el consulado antes de fin de año no podrá votar. Casi seis
meses antes de la cita electoral y, nuevamente, sin aviso oficial
alguno.
Esta ausencia flagrante de información no nos sorprende, ya que se trata
de una traba más de las muchas que nos impone la Administración para
ejercer nuestro derecho a voto. La reforma de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (acordada por el PSOE, PP y CIU en 2011)
eliminó el derecho a votar en las elecciones municipales para los
españoles que residen permanentemente en el exterior e introdujo el voto
rogado, una nueva modalidad de sufragio que obliga al potencial votante
a "rogar" su derecho a voto en cada proceso electoral.
Las excusas para modificar la LOREG, injustificable en términos
políticos y legales, fueron las supuestas irregularidades en el voto
migrante. Dichas irregularidades siempre tuvieron su origen en un
funcionamiento deficiente de la Administración. Curiosamente siguen
ocurriendo tras la reforma, y esta vez vienen además acompañadas de una
cantidad ingente de abstenciones forzadas. Tras el cambio de la ley
electoral, todos los votos "robados" cuentan como abstenciones, lo cual
perpetúa y redunda en beneficio del bipartidismo que "cocinó" la
reforma.
Es un proceso impuesto que probablemente dejará sin votar a más de un 95% de nosotros, en torno a 1,8 millones de abstenciones.
Son muchas las dificultades que nos estamos encontrando para poder
votar: informaciones contradictorias en los consulados, impedimentos en
las altas y bajas consulares o la imposibilidad de inscribirse a
distancia para quienes no pueden desplazarse. Aunque la legislación dice
que el censo se cierra con anterioridad a la convocatoria de elecciones
e incluso recoge el momento exacto del cierre, parece que consulados y
Ministerio prefieren obviarlo cuando se trata de nuestro voto, y
recibimos con perplejidad respuestas oficiales como que "las elecciones
no se han convocado aún" o que "de dónde nos hemos sacado la fecha del
31 de diciembre".
Además, observamos con impotencia cómo la Administración no ofrece
soluciones –ni interés en que las haya– para las personas ya atrapadas
en estos problemas burocráticos, a pesar de nuestras presiones. Desde
Marea Granate intentamos aconsejarles a sabiendas de que para algunos
será prácticamente imposible que voten. De hecho, el resto, incluso
estando correctamente inscritos, quedamos a merced de unos plazos
absurdos y un proceso impuesto que probablemente dejará sin votar a más
de un 95% de nosotros, en torno a 1,8 millones de abstenciones. Acordaos
de nosotros cuando salgan resultados.
¿Dejadez institucional? Sí, y a todos los niveles. Al desconocimiento de
la legislación y el proceso por parte de los Consulados se suma una
Junta Electoral Central que ha silenciado las múltiples reclamaciones de
las anteriores elecciones, o una Administración que eluye
responsabilidades de los reembolsos de los envíos de correos
certificados de nuestros votos (sí, somos los únicos ciudadanos que
pagamos por votar, y en ocasiones sumas considerables).
¿Miedo a un voto de castigo? Muchísimo. Se estima que más de 700.000
personas hemos abandonado forzadamente el país en los últimos años, en
un éxodo masivo que no deja de aumentar. Una población que le sobra al
Gobierno, a la que se ha echado del país y que ve eliminados sus
derechos más básicos. Una población que seguramente será extremadamente
crítica en las próximas elecciones.
Ante esta situación de silenciamiento político expreso al que se nos
somete, tanto por la falta de información como por el proceso electoral
impuesto, hemos lanzado una campaña informativa para intentar que nadie
se quede sin votar. Porque somos muchos y muchas, queremos (y tenemos
derecho a) seguir contando. Pese a todos los impedimentos, no
conseguirán callarnos. Seguiremos denunciando que el voto rogado es un
voto robado.
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